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El Arco Minero del Orinoco: ambiente, rentismo y violencia al sur de Venezuela; por Carlos Egaña

Por Carlos Egaña | 23 de agosto, 2016
El Arco Minero del Orinoco Ambiente rentismo y violencia al sur de Venezuela por Carlos Egaña640

Toma aérea de una mina en las cercanías del Salto Ángel, en Guayana, Venezuela. Haga click en la imagen para ver más fotografías de AirPano

En febrero, el clima en Caracas no es peor que aquel que soporta la comunidad minera al sur de Guayana. Sin embargo, hubo gotas de sudor que brotaron en los rostros de los representantes de unas ciento cincuenta empresas, entre nacionales e internacionales, en el Banco Central de Venezuela.

Eulogio del Pino, Presidente de PDVSA, y Nelson Merentes, su par del BCV, presentaban un proyecto de explotación de oro, diamante, hierro y coltán a cielo abierto. El Arco Minero del Orinoco. Un proyecto que apenas contando con las reservas auríferas del sector, representa más de doscientos mil millones de dólares. La fiebre del oro que manifestó sus primeros síntomas en aquella reunión fue consolidada en el Decreto No. 2248 por Nicolás Maduro, Presidente de la República.

El Arco Minero del Orinoco comprende casi ciento doce mil kilómetros cuadrados y se extiende mayoritariamente al norte del estado Bolívar, aunque también toca partes de Amazonas y Delta Amacuro. Lo atraviesan selvas como Imataca, La Paragua y El Caura, que en conjunto abarcan más de ocho millones de hectáreas, además de las cuencas de los ríos Orinoco y Caroní. Y las represas hidroeléctricas del Caroní, que generan la mayoría de la electricidad consumida en Venezuela, se ubican dentro de esta zona. Estas fuentes vegetales y de agua dulce, que proveen mecanismos de regulación ambiental y de generación de energía, podrían verse gravemente sofocadas por un proyecto tan extenso de minería. Por eso, entre otras razones, en los seis meses que especifica el Decreto en su Artículo 10 para planificar la nueva minería que habrá de ejecutarse, las reacciones negativas al proyecto han sido preponderantes, aunque no del todo ruidosas.

A finales del mismo mes de febrero, Víctor Álvarez, quien fuera ministro de Industrias Básicas y Minería entre 2005 y 2006, escribió que “debido al colapso de los precios del petróleo, el Gobierno de Venezuela se ha declarado en una búsqueda intensiva de divisas que permitan compensar el descalabro de la renta petrolera”. También sostuvo que mediante decretos como éste “los principales beneficiarios suelen ser las empresas transnacionales autorizadas para la explotación, mientras que los costos sociales y ambientales suelen ser transferidos a toda la sociedad”. De ahí en adelante se ha formado una Plataforma por la Nulidad del Decreto del Arco Minero, la cual ha introducido un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia para lograr su objetivo. Del mismo modo, la Asamblea Nacional resolvió desconocer el programa en junio. Sin embargo, la inmensa cantidad de noticias sobre el Referendo Revocatorio parecen haberle bajado el volumen a un debate tan peculiar como éste.

Aunque las palabras de Álvarez constituyen un resumen adecuado ante esta situación, hay matices que no podemos ignorar. Esta política podría ser una profundización del Estado mágico (Coronil dixit) que ha conjurado ilusiones de progreso a causa de la extracción petrolera, en este caso minera, cosa a la que el país está en gran medida habituado. Pero el rango de las consecuencias del Decreto del Arco Minero, sus antecedentes y lo que ocurre en el ahora en ese sector, se escapan de la normalidad con que se ha vivido el rentismo este par de siglos. Hay razones por las que quienes se han adentrado en esta discusión, creen que estos factores constituyen una gran tragedia.

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Toma aérea de una mina en las cercanías del Salto Ángel, en Guayana, Venezuela. Haga click en la imagen para ver más fotografías de AirPano

“El ambiente (…) del mundo futuro”

Según Juan Carlos Sánchez, integrante del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), galardonado en el 2007 con el Premio Nobel de la Paz, uno de los daños ambientales que conllevaría el Decreto del Arco Minero sería la deforestación masiva necesaria para las excavaciones. Esto incidiría en el cambio climático, pues “La deforestación suprime el proceso de fotosíntesis que absorbe el CO2 de la atmósfera, y a la vez emite CO2 que es el principal gas de efecto invernadero.” Además, sin bosques que recubran la región, se eliminaría la evapotranspiración del bosque, fenómeno que consiste en el envío de grandes cantidades de vapor de agua a la atmósfera, lo cual aporta a las precipitaciones lluviosas. “En otras palabras, la deforestación tiende a aumentar los problemas de sequía,” dicta Sánchez.

Ana Elisa Osorio, ex ministra de ambiente (2000-2005), agrega que despojar el terreno de bosques “puede llevar a un proceso de desertificación el sur del país.” Después de todo, la capa vegetal de la zona no es recuperable. “Lo que va a dejar abajo es caliza. O sea, que ahí no va a crecer nada más. Por lo menos por siglos.”

Los cuerpos acuáticos del Arco Minero también peligran. Afirma Osorio que el megaproyecto minero “no se trata solamente de excavación, de deforestación, de arrasar con la superficie de todo lo que es la capa vegetal del suelo, que por cierto en Guayana es bastante frágil, sino que esta tierra que se moviliza se lava o se lixivia con cianuro. Y el cianuro, como sabemos, es un elemento totalmente tóxico. Esas aguas lixiviadas, esa mezcla de agua con cianuro, teóricamente se van a colocar en unas lagunas que están impermeabilizadas para contenerlas. Pero ya ha habido experiencias, una no tan lejana en Argentina, donde la ruptura de una de esas lagunas comprometió ocho ríos. Entonces imagínate que aquí haya una ruptura o una percolación de este líquido hacia el río Orinoco, hacia el río Caroní, hacia el río Cuchivero, hacia el río Caura, que son la reserva de agua de nuestro país. Setenta por ciento de nuestras reservas de agua están en el sur del Orinoco”.

El peligro no se contiene con la posibilidad de que se contaminen. Más allá de que podamos imaginar a miles de personas que habitan en las cercanías del Orinoco, del Caura, morir en situaciones patéticas por un accidente que remita a la Unión Soviética del ochenta y seis, la sedimentación del caudal de Caroní afectaría al país entero.

Sánchez indica que “los movimientos de tierra hacen que buena parte de ésta sea arrastrada y termine en los ríos cercanos, lo cual aumenta significativamente su turbidez y su arrastre de sedimentos,” y que “la actividad minera consume grandes cantidades de agua, bien sea para el transporte del mineral, en los procesos químicos de separación, para la supresión de nubes de polvo y en el lavado de equipos.” Tales hechos, que implican una reducción del caudal de ríos como el Caroní y un consumo inmediato de sus aguas, contribuirían a la reducción de su capacidad de almacenamiento y por ende, a la reducción de la capacidad de generación de electricidad de represas como Guri. Esto, sin siquiera agregar las consecuencias climáticas de la remoción de bosques.

Un poco menos de luz, tal vez, sería la transacción a la que nos someteríamos todos por un poco más de dinero. Pero volvamos a la imagen cruenta que fue convocada en el párrafo anterior. No nos quedemos en qué podría pasar con quienes viven allí. Más bien, ¿qué pasa con quienes viven allí?, ¿qué pasa con los indígenas?

“La vida es inviolable”

La creación de la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (CAMIMPEG) en enero de este mismo año y la masacre de Tumeremo denunciada a inicios de marzo, son dos hechos aparentemente inconexos que parecen converger en el Decreto No. 2248. El primero autoriza una empresa nueva, militar, a ejercer la minería en el sur del país junto a la estatal Minerven. De resto, toda minería se asume como ilegal, aunque esto no ha impedido una situación de facto estos últimos años en el Arco Minero. Una situación en la que se han visto implicados pranes como El Topo, El Capitán, El Juancho, El Sapito, El Ciego y el aval de estos por las Fuerzas Armadas y la gobernación del estado Bolívar; esto, según reza un informe presentado por el comisario José Gregorio Lezama, jefe del Comando Especial Antisecuestro de la Policía del estado Bolívar, hoy detenido por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). Una situación en la que masacres como la de Tumeremo solo han podido haber ocurrido.

Probablemente Américo de Grazia, diputado a la Asamblea Nacional por el estado Bolívar, sea el más indicado para hablar de este asunto. Ha sido él quien ha dirigido las denuncias de la desaparición de veintiocho mineros el 4 de marzo por parte de la bancada opositora; mas no se ha limitado a lo ocurrido en Tumeremo. “Las masacres no son un hecho reciente; las masacres tienen fecha de nacimiento en Guayana. Y tienen registro público, notorio y comunicacional: 26 de septiembre de 2006. Fue la masacre de La Paragua,” dice, y afirma que desde aquella fecha en que ocho ciudadanos fueron asesinados por efectivos del ejército, el modus operandi ha mutado:

“Ya no es el ejército el que cobra de manera permanente la vacuna, ni las Fuerzas Armadas, ni la Guardia Nacional, ni la Aviación. Estamos hablando ahora que las mafias del oro, que sacan el oro por los caminos verde oliva en Venezuela, comenzaron a posesionar a pranes, a delincuentes, a bandas armadas organizadas, en cada una de las minas y los convierten en agente de retención. Y si ustedes, los mineros, no cumplen con la cuota o la pecha o la vacuna que tienen que pagar, entonces serán asesinados y liquidados y serán sacados fuera del negocio. De ahí al Arco Minero y a la masacre de Tumeremo, hay un trecho. Han habido 28 masacres anteriores a la de Tumeremo. ¿Qué tuvo de novedoso, de distinto Tumeremo al resto de las masacres? Es que esta masacre tuvo familia, tuvo rostros, tuvo nombre y apellido, tuvo dolientes. Tomaron medidas, cerraron la vía, el gobernador Francisco Rangel Gómez negó el evento, el hecho de que hubo masacre; la llamó virtual, dijo que eso era una campaña por aspiraciones a gobernaciones. Y logró durante cuatro días negar de manera sistemática que hubo masacre. ¡Y ojo, la población no se comportó de manera pasiva! Cerraron la vía al día cinco porque la población reclamaba sus familiares”.

La presencia de Rangel Gómez, General de División, al frente del estado Bolívar hoy, así como presidente de la Corporación Venezolana de Guayana antes, perturba particularmente a de Grazia ante estos hechos. Dice que las credenciales de policía que se les han otorgado a los pranes mencionados anteriormente, según se lee en el informe del comisario Lezama, fueron entregados por orden del General Julio César Fuentes Manzulli, quien es comisionado especial del gobernador en la zona sur. “¿Cómo es que el gobernador se va a eximir de una denuncia como esa?,” se pregunta, y agrega que las masacres efectuadas por los mismos pranes no han terminado en Tumeremo. Acusa que entre los días 8, 9 y 10 de julio, se han anunciado cuatro masacres más: dos en Sifontes, una en El Manteco y otra en el Alto Caura. Las cuatro locaciones se encuentran en la misma zona: el Arco Minero.

La ejecución del Decreto No. 2248 “es una política en la que los militares tienen un rol protagónico”, sentencia, y asegura que estos últimos hechos son “una encomienda de parte del Estado de limpiar territorio, de limpiar espacios para podérselos entregar a estos treinta y tres países que quieren concursar por la vía de las concesiones mineras y poderles entregar nuestra riqueza.”

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Valdría agregar las muertes de tantos que se someten al paludismo y la malaria en busca de oro, consecuencia de una situación que elude toda ley o de los preparativos para un megaproyecto, las preocupaciones de las comunidades indígenas que habitan en el Arco Minero del Orinoco. La Organización Regional de Pueblos Indígenas del Amazonas (ORPIA), que incluye, entre otras, las comunidades Baniva, Piaroa, y Jivi, y la Organización Kuyujani, compuesta por los pueblos Pemón, Yek’wana y Sanema, se han opuesto a la ejecución inconsulta del Decreto del Arco Minero. En los últimos dos pueblos, se ha descubierto una gran acumulación de mercurio en sus tejidos capilares a causa de la explotación en el río Caura. Ana Elisa Osorio opina que la explotación minera a gran escala “conllevaría prostitución, alcoholismo, drogadicción y todos los males que implican este supuesto tipo de desarrollo” a estas comunidades. Y dice Emiliano Terán Mantovani, investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos (CELARG), que “por encima las secuelas ambientales que ya sufren, este avance de la frontera extractiva sería una sentencia de muerte para muchos de estos pueblos. La única razón que justifica esto es la razón del colonizador. ¿En nombre de qué tenemos que sacrificar la vida de estos pueblos indígenas? ¿Y por qué ellos? Nadie quiere ser el objeto de sacrificio. Y menos si no eres consultado, como lo estipula la ley. No podemos seguir manteniendo este patrón racista para echar encima a otros los daños ambientales de nuestro modo de vida”.

En su Artículo 25, el Decreto No. 2248 indica que “ningún interés particular, gremial, sindical, de asociaciones o grupos, o sus normativas, prevalecerá sobre el interés general en el cumplimiento del objetivo contenido en el presente decreto”. De modo que quienes “ejecuten o promuevan actuaciones materiales o tendentes a la obstaculización de las operaciones totales o parciales de las actividades producidas de la Zona de Desarrollo Estratégica creada en este decreto serán sancionados conforme al ordenamiento jurídico aplicable.”

Vale preguntarse, entonces, si toda protesta que puedan organizar las comunidades mineras o indígenas de la región se considerarían representativas de “intereses particulares” ante las actividades mineras. Si ya quienes practican la minería artesanal en la región se ven sometidos por grupos paramilitares, ¿se verán reprimidos con todavía más violencia cuando el Estado, que ha habido y habría de defenderlos, ejerza la explotación de primera mano?

“El desarrollo armónico de la economía nacional”

Por más que organizaciones como PROVEA puedan alegar que puesto en práctica, el Decreto del Arco Minero traería la violación de demasiados Derechos Humanos y Artículos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, no resulta tan fácil conseguir alternativas. Terán Mantovani asegura que “no existe minería sostenible o minería ecológica. Ni en el sur, ni el norte ni el este ni el oeste de Venezuela, ni en otras parte de Latinoamérica o el mundo. Ni la minería ilegal, que a veces es semi-maquinizada y usa grandes cantidades de mercurio, ni mucho menos la industrial, que se encuentra en los marcos formales pero es geométricamente más devastadora que la ilegal en intensidad y extensión. Los métodos que se utilizan para obtener por ejemplo un gramo de oro son terribles en los términos de remoción de la capa vegetal, del uso de químicos como el cianuro, de la contaminación de las aguas, de los impactos en comunidades, en tejidos sociales y tradiciones culturales”.

Alejandro Álvarez Iragorry, coordinador del Foro Venezolano de Educación Ambiental, agrega que “como actividad económica, la minería es la explotación de recursos que por su naturaleza no son renovables e indefectiblemente se van a agotar en un tiempo finito. Eso indica que la minería nunca es una actividad económica sustentable a largo plazo y su acción se limita a extraer la cantidad existente en la naturaleza del recurso mineral a ser explotado, para luego abandonar la zona.” De tal manera, no sólo produce ésta daños muchas veces irreversibles a los ecosistemas donde se practica, sino que tiene un límite establecido. Cuando la gallina de los huevos de oro muera, dejará la granja hecha un cráter.

Asediado-financieramente-Maduro-se-entrega-al-rentismo-minero-por-Leonardo-Vera-320X2324Pero hay opiniones distintas. Roland Denis, ex viceministro de Planificación (2002-2003), dice no estar de acuerdo con la manera como se ha abordado el problema. “Primero, porque no es un problema para mañana. Es algo así como ‘allí todo es lindo, y van a llegar unas transnacionales y van a acabar con ese lindo ambiente nuestro, no sé qué cosa’. Eso no es verdad. Allá hay ciento cincuenta mil mineros trabajando. Es una verdadera población minera. Allá se produce el veinte por ciento de todo el oro en América. Esa es una situación de facto, ¿ok?, que para poder enfrentarla, tienes que enfrentarla con los trabajadores. Tú no puedes enfrentarla desde las oficinas de los grupos ecologistas de Caracas. Independientemente de que puedas tener razón en cuanto a la necesidad de preservar el ambiente, que la minería es un desastre, ¡todo lo que tú quieras! Pero eso no es un argumento en sí mismo. El argumento tiene que darse sobre la base de que ahí existe una realidad. Una realidad a la que tienes que darle salida. Y no puedes simplemente criminalizar la minería, tienes que darle una salida a la minería misma. ¡Esa es la discusión de fondo! No es simplemente decirle no al Arco Minero. O sea, el ser humano es minero desde que es humano; nació como tal abriendo minas”.

Y afirma también que “hay una mitologización de la cuestión indígena, cuando prácticamente todas las comunidades indígenas están haciendo minería. Está la imagen del indiecito bueno, del buen salvaje. Eso no funciona, también hay que hablar con las comunidades indígenas”.

Álvarez Iragorry mantiene su distancia, y agrega una matiz al debate: “La minería industrializada es una actividad económica capital-intensiva, es decir que depende más de la inversión de capital que de otros factores productivos (trabajo, tierra, etc.) En tal sentido, este tipo de industria tiende a generar relativamente pocos puestos de trabajo, y principalmente de mano de obra muy calificada. En tal sentido, no creo que pueda absorber las miles de personas que actualmente viven de la minería ilegal. Además es muy distinto ser un obrero asalariado de una empresa y otra un minero artesanal. No creo que las personas que actualmente explotan ilegalmente las minas, y viven de la esperanza de conseguir un hallazgo que los haga ricos, quieran vivir con un trabajo dependiente de un patrón, así que lo más seguro es que sigan como están hasta el final de su vida productiva.”

Terán Mantovani va a la naturaleza rentista del Decreto. En El fantasma de la gran Venezuela pone la lupa en el papel del Estado desde Gómez hasta Chávez, Tanto él como de Grazia consideran que éste no ha sido el ideal para la sociedad venezolana. Según el investigador del CELARG, “una economía rentista tiende a ser intensiva en capital y tecnología, y capitaliza más, en términos porcentuales, la naturaleza que el trabajo. Fíjate por ejemplo nuestra economía extractivista petrolera de hoy: sólo un 0,7% de la población económicamente activa genera el 96% de las divisas que ingresan al país por exportación. El resto de la población tiende a estar en sector distributivos, es decir, donde se distribuye la renta. Los rentismos tienden a alejar a las poblaciones de los sectores productivos y estimularlas a estos sectores distributivos, desde comercios de ropa importada, peluquerías, almacenes, hasta la economía informal, el bachaquerismo o bien actividades ilícitas con divisas”.

Del mismo modo, según el diputado, este modelo de Estado tiene como resultado que “siempre recurrimos al círculo vicioso, repetitivo y copioso de decir: la distribución de la riqueza. Pero poco se habla de la producción de la riqueza”.

“Manifestar, pacíficamente y sin armas”

Por los momentos, sin existir posibilidades reales de que se propongan medidas que sustituyan el Decreto del Arco Minero, ha habido dos acciones importantes con intenciones de detenerlo. Uno ha sido el recurso de nulidad introducido por la Plataforma por la Nulidad del Decreto del Arco Minero ante el TSJ, el cual recurre a toda la base legal disponible que ha sido violada como resultado. Mas para Terán Mantovani, quien junto a Osorio ha estado detrás de la Plataforma, tan o más substanciales que el recurso son “las organizaciones ambientalistas, estudiantiles, movimientos de agricultura urbana, diversos movimientos sociales conocidos, artistas, agrupaciones chavistas de base, y por supuesto las organizaciones indígenas de los estados Bolívar y Amazonas que se siguen declarando en contra del decreto.”

Por otra parte, la Asamblea Nacional ha decidido desconocer y negar la autorización del Decreto No. 2248. Aunque de Grazia está consciente que “pareciera que la acción de la Asamblea Nacional hubiese sido inocua”, está seguro de su efectividad, pues su desconocimiento por el Poder Legislativo conllevaría que las trasnacionales invitadas a explotar en subsuelo venezolano se echasen para atrás. El diputado usa el siguiente ejemplo: “Cuando la Gold Reserve te dice: ‘¿cómo es que te voy a firmar un convenio y la Asamblea Nacional no me lo va a avalar? Porque ustedes están de tránsito. ¿Y si el próximo presidente me desconoce la firma del tratado?'”, y afirma que “esto está ya reposando en las distintas embajadas de los países que, se supone, van a contratar con nosotros.”

Osorio comparte algo de escepticismo sobre el desconocimiento, y dice: “Yo no sé si la Asamblea lo hace por oposicionismo o no, pero en todo caso, es una postura correcta en este momento.”

No obstante, a pesar del alcance que debería tener la acción de la Asamblea, el 5 de agosto Nicolás Maduro transmitió por radio y televisión una firma de acuerdos de explotación del Arco Minero desde el BCV. Además de celebrar los contratos que se están firmando por cuatro mil quinientos millones de dólares, el presidente enfatizó que el 60 % de las utilidades se destinarán a las Misiones, que el uso de mercurio en el proyecto estará prohibido, que las Fuerzas Armadas se han esforzado en detener las mafias mineras y que un proyecto como éste detendrá la dependencia del petróleo. Habrá que ver luego si la inversión social que se plantea superará el descontento de probables fallas eléctricas en el futuro. Si, en contraste con lo explicado por Osorio, las condiciones de las tierras en Guayana permitirán una minería sin agentes tóxicos. Si en contraste con las acusaciones difundidas por de Grazia, los militares expondrán pruebas contundentes contra el vínculo entre Rangel Gómez y los pranes que han sometido las comunidades mineras. Y si comenzar a depender de otros productos básicos será la solución para dejar de depender del petróleo.

Trazar conclusiones pareciera apresurado. Más que reflexiones, podemos hacernos una serie de preguntas que en vez de secarlas, prolonguen las gotas de sudor. ¿Cómo comulga la retórica nacionalista, indigenista, ecologista del gobierno con una política tan ideológicamente distante? ¿Cuán profunda es la vinculación entre los grupos económicamente interesados de Guayana con las trasnacionales que han de practicar la minería en el Arco Minero? ¿Hasta qué punto una crisis económica justifica una política de Estado de consecuencias irreversibles? ¿Podría Venezuela subsistir bajo un modelo distinto al extractivista?

Solo queda clara una cosa: cuando al Estado se le acaba la magia, recurre a los trucos más sucios para mantener a sus beneficiarios bajo hechizo. Lástima para el Estado mágico que a veces se descubre en el acto.

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Carlos Egaña 

Comentarios (2)

Demóstenes Pérez
24 de agosto, 2016

El Decreto No. 2248 es contradictorio con el documento “Propuesta del Candidato de la Patria. Comandante Hugo Chávez para la gestión socialista 2013-2019”.Un Gobierno que engañó al electorado con aquella farsa de “Cinco Objetivos Históricos”, entre ellos aquel objetivo de “Preservar la vida en el planeta y preservar la especie humana”. ¿Cómo lograr ese objetivo ecológico con el plan ecocida, rentista,extractivista y depredador que representa el Arco Minero?. Sólo un Gobierno farsante, e incosistente, puede imponer un Decreto antiecológico y, al mismo tiempo, prometer en el programa electoral citado “construir e impulsar el modelo económico productivo eco-socialista, basado en una relación armónica entre el hombre y la naturaleza, que garantice el uso y aprovechamiento racional, óptimo y sostenible de los recursos naturales, respetando los procesos y ciclos de la naturaleza…”. No hay correspondencia entre el discurso ambiental del Gobierno y su pragmatismo rentista. ¿Puede un Gobierno que impulsa un proyecto anti-ambiental como el Arco Minero “contribuir a la conformación de un gran movimiento mundial para contener las causas y reparar los efectos del cambio climático que ocurren como consecuencia del modelo capitalista depredador” (Propuesta del Candidato…,p.9)?. ¿Forma parte el Decreto 2248 de la lógica capitalista depredadora? Desde luego,pero el Gobierno subestima la inteligencia del venezolano. ¿Cómo pueden prometer “preservar la vida en el planeta” quienes intentan, con el saqueo de trasnacionales depredadoras, causar daños ambientales a Guayana y, en consecuencia, a nuestra Casa Común?

José Rafael Lozada
2 de septiembre, 2016

Estimado Sr Egaña. Me parece muy interesante su artículo. Yo también me opongo al Arco Minero pero creo que hay que manejar argumentos apegados a la realidad. ¿Cuánto considera usted que es un área “cercana” al Salto Angel?, ¿Le parece que 100 km es “cercano”? Le comento esto porque esa es aproximadamente la distancia que hay entre el Salto Angel y el lugar donde se tomaron la fotos que usted divulga. Ese lugar se llama Ciudad Dorada (así lo dice la web de Airpano) y está en la zona de Las Claritas. Me permito sugerirle que consulte el “Manifiesto de Guayana sobre el Arco Minero” y una web llamada Ciencia Guayana donde hay interesantes artículos TÉCNICOS sobre este y otros asuntos ambientales de esa región. Tengo mucha más información e imágenes “propias” sobre este tema, basado en experiencia personal de campo. Si le interesa podemos conversar sobre eso. Saludos cordiales.

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