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Expresidente de Brasil Lula Da Silva investigado por lavado de dinero y corrupción

Por #MonitorProDaVinci | 4 de marzo, 2016

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La Policía Federal de Brasil allanó la vivienda del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva y de su hijo Fábio Luiz Luila Da Silva durante la mañana del viernes 4 de marzo de 2016 y obligó al expresidente a rendir testimonio por su supuesta implicación en casos de corrupción y lavado de dinero. Tras tres horas de interrogatorio, Lula fue liberado.

La acción forma parte de las investigaciones de la Operación Lava Jato, una extensa investigación que durante años ha estado develando un entramado de corrupción y lavado de dinero entre la clase política y económica brasilera, particularmente alrededor de la petrolera estatal Petrobras.

Específicamente la policía investiga si el ex mandatario se benefició de los desvíos de fondos de Petrobras. El diario O Globo cita fuentes del Ministerio Público Federal para afirmar que los crímenes apuntan a lavado de dinero transnacional y que “hay hechos practicados cuando el expresidente estaba en el ejercicio de su mandato”. La Policía Federal encontró evidencias de que Lula recibió beneficios de las empresas constructoras OAS y Odebrecht y del ganadero José Carlos Bumlai, todos involucrados en el esquema de lavado de dinero. Particularmente las constructoras habrían hecho remodelaciones y comprado mobiliario para dos inmuebles. Bumbai habría financiado esas obras.

Brasil, Lula y la corrupción; por Carlos Malamud 320El medio brasileño a Folha de São Paulo reporta que esta fase de la operación, denominada Aletheia, empleó cerca de 200 agentes de la Policía Federal para hacer cumplir 44 órdenes judiciales, 33 órdenes de búsqueda y captura y 11 de conducción coercitiva en Río de Janeiro, São Paulo y Salvador de Bahía.

Operação Lava Jato  es el nombre con el que se conoce la investigación federal que hay sobre un esquema de lavado de dinero que utilizaba una red de autolavados y estaciones de servicio, vinculados con actos de corrupción y sobornos que han puesto en el centro del debate a la empresa estatal Petrobras, varias empresas constructoras y a importantes políticos brasileños.

Los abogados de Luis Ignacio Lula Da Silva calificaron como “innecesaria” la conducción coercitiva para declarar como y la catalogaron como “el último movimiento de un concierto ejecutado por una orquesta bien afinada”.  Agregaron que Lula ya había prestado testimonio cuando fue notificado en enero, por tanto argumentan que no hay base para presumir que, previa notificación, no se hubiese presentado ante las autoridades.

A finales de enero, Lula repudió “cualquier intento” de implicarlo en la Operación Lava Jato y el Instituto Lula afirmó, a través de un comunicado, que “jamás encontrarán una acusación válida” contra Lula porque “ningún líder brasileño tiene una vida privada y pública tan equilibrada como Lula”.

El operativo se produjo dos semanas después de la liberación de Delcídio Amaral, principal senador del Partido de los Trabajadores hasta noviembre de 2015, cuando fue detenido con la acusación de obstruir las investigaciones. Aquella fue la primera vez que un senador en ejercicio es encarcelado en Brasil. Según O Globo, Amaral habría sido beneficiario de una “delación premiada” y, aunque para el medio habría ofrecido información a cambio de cumplir arresto domiciliario, esta afirmación fue negada por sus abogados.

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