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Lo fácil es polarizar; por Michael Penfold

Por Michael Penfold | 14 de enero, 2016
Fotografía de Kathiana Cardona.

Fotografía de Kathiana Cardona.

A Venezuela se le ha cerrado el acceso al financiamiento, justo cuando más lo necesitaba, por la crisis externa de balanza de pagos que enfrenta el país, que se ha exacerbado con la dramática caída de los ingresos petroleros y por una política económica ineficiente que ha incrementado exponencialmente la percepción de riesgo de los mercados internacionales.

La profundidad de la crisis externa es de tal envergadura que a Venezuela no le queda sino una sola alternativa: atracción de capitales privados. Y eso implica desmontar el control de cambios y los controles de precios, además de aumentar masivamente la transferencia directa de recursos a los sectores más vulnerables a través de una mejora sustancial en la calidad y la focalización del gasto público.

Cualquier otra alternativa sería continuar sometiendo al país a lo que viene haciendo el gobierno nacional: un ajuste externo por cantidad que conlleva inexorablemente al racionamiento, a los controles y a una inflación fuera de control.

Durante los últimos tres años, Venezuela ha perdido casi un 15% del PIB, sumado a una caída del ingreso per-capita que ya generó un  rápido empobrecimiento de la población. Éste es el verdadero origen de la crisis política y el argumento que explica el voto castigo contra el gobierno que la oposición logró capitalizar exitosamente en las pasadas elecciones legislativas.

Sin embargo, a pesar de que el sustrato económico de esta realidad electoral pareciera tan evidente, es curioso ver cómo el comportamiento, tanto del gobierno como de la oposición, después del 6-D evidencia los errores de fondo:  ambos bandos continúan refugiándose en la polarización como recurso para maximizar sus probabilidades de resistencia (caso del gobierno) o discursos orientados a precipitar una salida del Ejecutivo (caso de la oposición).

Al parecer los votantes que hicieron posible el cambio siguen sin ser escuchados.

El gobierno se aferró al autoritarismo a través de su control del Tribunal Supremo de Justicia, vulnerando la voluntad popular en lugar de ampliar su coalición electoral y modernizar su política económica, insistiendo sin remordimientos en la idea de mantener los controles económicos. Y la oposición optó por colocar fecha de salida al chavismo y tratar de desmontar simbólicamente la revolución.

Ambos le hablan a sus votantes duros y muestran sus músculos como ofrendas preparativas a un conflicto terminal, pero lo cierto es que el votante del 6-D estaba dando otro mensaje: castigar al madurismo para generar un gobierno dividido y obligarlo a negociar a través de una oposición que desde la Asamblea Nacional indujera un cambio de comportamiento del Poder Ejecutivo, sobre todo en materia económica y de Derechos Humanos.

En caso de que el Ejecutivo no cambiara su comportamiento, el votante le dio a la Asamblea Nacional el poder de las dos terceras partes para producir una salida constitucional, democrática y electoral.  Lo que correspondía a ambas partes era abrir un compás de espera para enfrentar la crisis económica y un espacio de negociación política.

Eso era lo que el país estaba esperando.

En su lugar, el gobierno escogió precipitar el conflicto de poderes. Primero, violentando las normas de selección de los nuevos magistrados. Luego utilizando la Ley Habilitante para terminar de conculcar la autonomía del Banco Central de Venezuela y la posibilidad de que la Asamblea Nacional eligiera a alguno de sus directores externos. Y, finalmente, minando las dos terceras partes de la nueva Asamblea Nacional a través de la acción cautelar ante la Sala Electoral. Esta acción socavó la voluntad popular de uno de los estados menos poblados pero más sobre-representado del país: los diputados amazónicos.

Es evidente que la decisión de la Sala Electoral va a crear incertidumbre sobre las dos terceras partes, pues no sabemos si la misma se estima sobre la base de los diputados presentes en el momento de una votación o sobre el total de los puestos. Si efectivamente es sobre el total de los curules, los 109 diputados dejan de ser suficientes para obtener los dos tercios. Fue así como la dirigencia chavista apeló a un recurso profundamente antidemocrático, orientado a anular temporalmente la amenaza creíble por parte de la oposición de poder impulsar diversas salidas constitucionales y así renovar los Poderes Públicos.

Mediante esta arremetida, el gobierno logró alcanzar varios objetivos políticos: evitar la futura designación por parte de la Asamblea de dos de los rectores del CNE cuyos periodos vencen este año y cuyos nombramientos necesitan las dos terceras partes; evitar la remoción de los Directivos del Banco Central de Venezuela y restaurar su autonomía para combatir la inflación; evitar la posible remoción de los magistrados recientemente nombrados, para lo cual también se requería de la supermayoría; y obstaculizar cualquier reforma constitucional así como la posibilidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente.

De modo que el gobierno hizo uso de su poder político para limitar en el corto plazo las múltiples futuras salidas constitucionales y dejar como único camino la activación del Referéndum Revocatorio, algo que no depende de la misma Asamblea Nacional, pues requiere de la recolección de firmas que son reguladas y supervisadas por el CNE. Es cierto que siempre se puede impulsar una Enmienda Constitucional para recortar el periodo presidencial, pero ésa es una decisión legislativa que muy probablemente también será cuestionada ante la Sala Constitucional.

Dicho en otras palabras, políticamente el gobierno redujo (al menos temporalmente y hasta tanto se pronuncie definitivamente el TSJ o se realicen nuevas elecciones en Amazonas) las opciones de resolución de la crisis a una sola: el Referéndum Revocatorio.

En efecto, a través de la Sala Electoral el gobierno logró disminuir la credibilidad de la amenaza de que la oposición pueda utilizar la mayoría calificada, porque dejó de ser claro si efectivamente la oposición tiene o no dicha mayoría. En algún momento, la Sala Constitucional se va a tener que pronunciar sobre este punto. Sin embargo, la oposición mantiene de forma certera la prerrogativa de las 3/5 partes, que incluye la posibilidad de remover tanto al Vicepresidente como a los distintos ministros. Y esa es una amenaza con la que el chavismo parece estar dispuesto a convivir.

Pero la oposición también se ha precipitado en varios ámbitos, aun sabiendo que opera en un contexto donde no hay control constitucional independiente de los poderes públicos, donde la revolución bolivariana obtuvo más de 42% de los votos a la Asamblea Nacional y donde su propio triunfo dependió de la atracción de aquellos chavistas molestos, quienes estaban dispuestos a buscar una alternativa electoral. Curiosamente, después de prometer un cambio político, la oposición escogió en función de una nueva alianza a lo interno de la MUD, un liderazgo parlamentario que restauraba la vocería de la Cuarta República, argumentando la necesidad de contar con un líder de amplia experiencia y verbo aguerrido.

Simbólicamente, esta decisión le permitió al gobierno hablar de restauración y minimizar esa promesa de cambio; aunque a la oposición le permitió ganar un operador curtido en diversas plazas y con mucho polvo en los zapatos.

La oposición también decidió juramentar a su bancada en dos momentos diferentes y argumentó razones formales, ocasionadas por la decisión de la Sala Electoral. Lo cierto es que, al no poder juramentar en el mismo acto de instalación a los 112 diputados, quedaban vulnerables los tres diputados amazónicos.

Para el gobierno era muy costoso internacionalmente impedir que se instalara la Asamblea Nacional el 5 de Enero, por lo que lo lógico políticamente era dar esa pelea desde el principio y no en actos separados (que fue lo que supuestamente recomendaron los abogados constitucionalistas). El chavismo aprovechó esa vulnerabilidad política y, ante la amenaza del desacato y la formalización de la omisión legislativa, la MUD se vio obligada a retroceder. No le quedaba otra alternativa, dado el esquema de juramentación que habían escogido.

Si se hubiese planteado la juramentación de los 112 diputados como un bloque, en el mismo acto en que eran instalados los diputados del PSUV, hubiese sido muy difícil para la Sala Electoral desincorporar a los amazónicos sin disolver de facto a toda la Asamblea Nacional.

La presión internacional habría sido enorme.

Es así como la oposición prefirió instalarse antes que blindar políticamente su mayoría calificada y dejar al descubierto la manipulación constitucional a la que estaban siendo sometidos.

Y, finalmente, en vez de abrir un espacio de diálogo, en su discurso inaugural planteó que el objetivo principal era salir del Presidente en seis meses y comunicó de forma abierta su agenda política. Por lo tanto, mostró una bancada que no estaba dispuesta a abrir un proceso de negociación, confirmándose así las suspicacias del gobierno.

La forma atropellada en la que se retiraron los retratos de Bolívar y Chávez horas más tarde terminaron de sellar esa percepción.

Estos acontecimientos ponen en evidencia que en Venezuela el cambio no va a ser rápido y que difícilmente puede darse por un colapso express del gobierno.

Los eventos de esta primera semana en las inmediaciones de la Asamblea Nacional parecieran más bien demostrar que la transformación democrática de Venezuela será mucho más compleja, tanto en lo económico como en lo político.

Lo cierto es que el país no tiene cómo salir de la actual coyuntura sin un acuerdo. Pensar que la salida es rápida, es repetir lo mismos errores del “Chávez vete ya” y es subestimar la capacidad que tiene el gobierno de obstaculizar, institucional y políticamente, cualquiera de las distintas opciones planteadas.

El chavismo se mostró preparado en cada sesión, pero no escondió su disposición a violentar la voluntad popular y contradecir su propia jurisprudencia: ésa que afirma que los funcionarios electos que fueran adjudicados y proclamados no podían ser impugnados.

Sin embargo, también es difícil pensar que el actual escenario pueda beneficiar al gobierno. A finales de este año tenemos elecciones de gobernadores, el año entrante de alcaldes y luego las presidenciales.

La oposición tiene enfrente un ciclo electoral que va a poder capitalizar gradualmente, en medio de una gran debacle económica. Y para el chavismo la única alternativa frente a este mismo ciclo es profundizar los subterfugios más oscuros del sistema. Pero eso no garantiza ni su supervivencia política ni mucho menos su recuperación electoral.

Pero, incluso  si la oposición no logra sacar al presidente Maduro del poder, el chavismo está caminando por una calle ciega y sólo puede apostar a retrasar lo inevitable.

Lo que sí es evidente es que la población difícilmente pueda tener la misma paciencia que los políticos para hacerle frente al ciclo electoral y convivir indefinidamente con un conflicto de poderes.

El dramatismo de la crisis económica es de tal magnitud que hace perentorio buscar una válvula de escape. La presión social va a ser cada vez más alta y es lo único que va a obligar al gobierno a aceptar alguna negociación.

El nombramiento de Aristóbulo Istúriz como Vicepresidente es una clara señal de  que el gobierno también se prepara para ese posible escenario y sabe que no sólo puede apostar a bloquear cualquier salida indefinidamente. De ahí que tanto la oposición como el gobierno tengan que moverse en dos terrenos: negociación o Referéndum Revocatorio.

Para poder negociar, la oposición necesita obligar al Ejecutivo a sentarse en la mesa (lo que antes era la amenaza de las dos terceras partes, pero sobre las que ahora hay incertidumbre). La única amenaza creíble pasará a ser, entonces, su capacidad de movilización social y de protesta, en el contexto de una recesión económica, un tema que curiosamente divide a los radicales de los más moderados dentro de la MUD.

Si la negociación con el gobierno fracasa (o nunca se plantea), la oposición no tiene otra opción que activar el Referéndum Revocatorio y enfrentar todos los obstáculos que el gobierno vaya a imponer.

El revocatorio es un camino que va a poder iniciarse a partir del 14 de abril del presente año, pero para poder hacerlo más expedito y vencer las barreras que seguramente surgirán, la MUD va a depender de su capacidad de movilización. Es decir: de su poder de calle.

En teoría, una potencial negociación con el gobierno implica un acuerdo sobre distintos temas: economía, reglas electorales, amnistía política y renovación de los poderes.

Para el chavismo, en cualquier negociación que se llegue a plantear será clave una reforma constitucional para cambiar el calendario electoral que actualmente está pautado, incluyendo eliminar el revocatorio y posponer las elecciones de gobernadores y alcaldes, para compartir el costo político de un programa de estabilización económica y obtener una amnistía que los blinde frente a futuras acciones judiciales.

Para la oposición, es fundamental recortar de seis a cinco años el período presidencial, eliminar la reelección indefinida y garantizar la amnistía de los presos políticos y la renovación de los poderes.

Son acuerdos posibles y, sin duda, sería lo mejor para el país. Pero rara vez los políticos negocian hasta no estar obligados a hacerlo. Y lo único que puede llevar al chavismo a aceptar esa posibilidad es la presión social.

Un país con un deficit fiscal que sobrepasa los 18 puntos del PIB, con cuatro tipos diferentes de cambio, con una caída de la actividad económica que para el año 2015 alcanzó más de 10 puntos del PIB y con una inflación (sin cifras oficiales) que cerró en más de 270 por ciento: hablamos de  una nación prácticamente quebrada.

A todo eso hay que agregarle la escasez de más de 70% en medicamentos y más del 65% en alimentos que hacen de la vida diaria de los venezolanos una vida compleja y miserable.

Este año Venezuela requiere más de 16 mil millones de dólares de financiamiento para cubrir sus necesidades y pagar sus compromisos. Y todo eso lo debe hacer sin acceso a los mercados de capitales y con su único financista, que es China, entrando en una crisis cada vez más profunda.

Es evidente que la única opción frente a la dimensión de la crisis económica es un acuerdo político que le dé viabilidad a la posibilidad de enfrentar los grandes desequilibrios macroeconómicos y promover un programa masivo de atracción de inversiones y de transferencias sociales.

Ese acuerdo supone que ambos bandos tengan garantías políticas mutuas, lo cual siempre implica concesiones.

Después de haber sido instalada la Asamblea Nacional, una semana ha sido suficiente para darse cuenta de lo que parece obvio: lo fácil es polarizar y lo realmente difícil va a ser llegar a una solución que funcione para todos.

Michael Penfold 

Comentarios (19)

Preocupado
14 de enero, 2016

Es inaceptable la naturalidad con la que se describen las constantes violaciones a la constitución y a las leyes por parte del PSUV y sus órganos adscritos (poder ejecutivo, judicial, electoral y ciudadano). Que vaina.

@manuhel
14 de enero, 2016

Interesante perspectiva.

Jorge Gutierrez
14 de enero, 2016

Estimado profesor Penfold, mis respetos. Muy provechoso su análisis, sólo una acotación si usted me lo permite. En el caso de un referendo revocatorio presidencial mi lectura de la constitución(art.72 y 233) me indica que sería, el actual presidente, REVOCABLE A PARTIR DEL 11 ENERO 2016 (mitad del período constitucional) y NUNCA EL 14 DE ABRIL DE 2016 ya que Maduro completaría el período de 6 años inconcluso de Chávez. El gobierno ha demostrado que con artimañas puede interpretar a su medida la constitución, argumentando que la mitad del período se cumple el 13 de abril. Esto sería cierto si su “período” fuera hasta el 13 de abril del 2019, pero en realidad se eligió hasta el 10 de enero de 2019 por un lapso de 5 años 8 meses y 28 días. Siendo la mitad de ese lapso, 2 años 10 meses y 14 días, la mitad de su “período” se cumpliría el día 27 de febrero de 2016, por lo tanto, SERÍA REVOCABLE A PARTIR DEL 28 DE FEBRERO DE 2016, si aplicamos la “lógica” oficialista y NUNCA del 14 de abril.

Luis Palacios
14 de enero, 2016

Michael: Que valiosas tus reflexiones sobre la polarización. Es la reacción primitiva “fight or flight” del ser humano, basada en la parte reptil del cerebro que actúa instintivamente para sobrevivir. Es el componente “erótico” del amor en Venezuela: Te amo a morir o te odio a rabiar, de los que piensan en blanco y negro, en Patria o Muerte, en todo o nada. Pienso que para iniciar la salida de esa polarización que genera miseria hay que activar el componente “filial” del amor por el país, basado en el comportamiento mamífero que nos habilita a vivir en manada y unirnos para capear juntos esta tormenta. Ojalá pronto avancemos domesticando nuestra política reptil y pasemos al reencuentro de la manada, pero eso todavía no será suficiente. Necesitaremos activar nuestro componente racional y poner a trabajar a los mejores talentos globales, que pienso seguirá siendo insuficiente. Algún día tendremos que activar el Ágape y poner nuestro sufrimiento nacional al servicio de Dios.

Petrusco
15 de enero, 2016

El gobierno no violentó las normas para la selección de los nuevos magistrados. Eso es falso. La memoria es corta, cuando de comentar tendenciosamente sobre política se trata, pero la verdad es que en el 2014 los magistrados también fueron seleccionados hasta el último día de ese año. Como el 2015 era electoral, entonces quisieron pintar ese hecho normal con colores de trampa.

Por otro lado las impugnaciones forman parte de la Ley Electoral y su reglamento. Activar impugnaciones no violentan, de ningún modo, la voluntad popular, sobre todo si se demuestra que en efecto, hubo trampa. ¿Que es peor, que a un diputado se le acuse de fraudulento, demuestre que no lo es y vuelva al trabajo o que un diputado gane con trampa y no le pase absolutamente nada?

Por otro lado la MUD en la AN ha preferido darle preferencia a la amnistía y a los títulos de propiedad, en lugar de discutir la reforma del Código Penal y del COPP, urgentes para combatir la inseguridad e impunidad. Muy lamentablemente.

Petrusco
15 de enero, 2016

Una precisión más:

La oposición apenas obtuvo 340 mil votos más que en el 2013. Su crecimiento no se debe a “chavistas molestos” sino a nuevos votantes, quienes en su mayoría adversan al gobierno.

La clave del 6D está en los más de 5 millones de votantes que se abstuvieron. Allí si están los chavistas molestos con los desatinos de Maduro quienes, sin embargo, prefirieron abstenerse antes que votar por candidatos de la oposición. Ese mensaje es el más interesante de esas elecciones.

Lucrecia Girondo
15 de enero, 2016

Buenos dìas Petrusco, Respecto a tu pregunta…”Que es peor, que a un diputado se le acuse de fraudulento, demuestre que no lo es y vuelva al trabajo o que un diputado gane con trampa y no le pase absolutamente nada?”… Los mas habilitados para responderte son los diputados del PSUV, ellos lo saben por experiencia, en especial los reelegidos.

Lucrecia Girondo
15 de enero, 2016

Otra precisión, en referencia a..” Por otro lado la MUD en la AN ha preferido darle preferencia a la amnistía y a los títulos de propiedad, en lugar de discutir la reforma del Código Penal y del COPP, urgentes para combatir la inseguridad e impunidad.”….

Lo que hace falta para combatir la inseguridad es acabar con la impunidad y un poder judicial corrupto, con jueces provisionales, etc. No son las leyes ni el COP lo que debe ser revisado, al menos no es esa la prioridad para atacar la delincuencia organizada.

Petrusco
15 de enero, 2016

Lucrecia, buenos días:

1) ¿Los diputados del PSUV fueron impugnados? ¿La oposición consignó evidencias concretas para impugnarlos o sólo se quedó en acusaciones de prensa? En la coyuntura actual hay un diputado del PSUV que fue impugnado.

Con esto no se responde, sin embargo, la pregunta: ¿no es peor que un diputado haga trampa y no le pase nada a que lo acusen de tramposo, demuestre que no lo es y siga trabajando?

2) La ley y su reglamento es la estructura fundamental para el funcionamiento de la república. La responsabilidad del poder legislativo es enorme, desde su función, en reformar y perfeccionar el Código Penal y el Código Orgánico Procesal Penal para convertirlos en los mejores instrumentos posibles para ayudar a combatir la inseguridad. Eso sin duda.

Negarlo es excusar a la AN de su responsabilidad y seguirles el juego de la mediocridad. El país quiere soluciones en cuanto al hampa y la AN tiene un rol muy importante en tratar de buscarlas. Que lo ejerzan.

lars
15 de enero, 2016

Suscribo el artículo en cuando a la necesidad y los términos de una negociación y la necesidad de trascender la polarización. Lo que no me parece es la interpretación que se le da al resultado de las elecciones: hablar con base en un resultado grueso (donde por cierto 40% votó por el Psuv) de lo que “quiere el país” o lo que “pidieron los venezolanos” es una proyección subjetiva de los propios deseos y experiencias. Cada Venezolano sabe por qué votó por quién y probablemente las razones sean tantas como los venezolanos. Un análisis así sólo pudiera sustentarse en estudios de opinión más detallados. Lo mismo hace por cierto Petrusco cuando se niega a reconocer que muchos chavistas o exchavistas votaron por la MUD y que el apoyo del Psuv es menor que el que tiene la MUD. De nuevo, eso es especular con base en los propios deseos sobre lo que tiene la gente en la cabeza. Que el chavismo es minoría al lado de la oposición lo dicen todos los estudios de opinión con muchísima claridad.

lars
15 de enero, 2016

Petrusco, solo piensa que una grabación telefónica de dudosa veracidad y además ilegal tenga más fuerza que el principio de representación avalado por el sufragio universal y por el árbitro electoral, para que te des cuenta de lo bajo que caes al justificar la decisión del TSJ (una Sala Electoral escogida fraudulentamente para cualquiera con la cabeza limpia de prejuicios, tan solo por estar conformada por activistas político-partidistas). Además, la supuesta compra de votos, no hay manera de vincularla al acto electoral, que es secreto. Hasta es dudoso que el dar plata de uno para eso pueda ser un delito. Todo es grosero, chapucero y absurdo. Y finalmente, ¿y el CNE, garante del mejor sistema del mundo? ¿No fue él quien proclamó a estos diputados? Para rematar lee el artículo 200 de la Constitución… Lo cuentas en cualquier país democrático y la gente se lleva las manos a la cabeza. Solo lee la carta de Almagro, allí está todo muy bien explicado. You need a brain detox…

hector escalona
15 de enero, 2016

Creo que el principal error es que la oposición lucha contra unos tramposo, pero parece que no previene las trampas, y se contenta solo con llorar “me hicieron trampa”, que esperaban ellos cuando invistieron a los diputados de amazonas? que se los iban dejar pasar?alli los chavistas se lo llevan, ya tenían el segundo paso listo, a veces parece que las acciones de la oposición las arregla un chavista para dejarla mal, después tuvieron que dar un paso atras, perdiendo en imagen y peso politico

Petrusco
18 de enero, 2016

Lars:

Una parte de los chavistas votó por candidatos de la oposición, pero la mayor parte se abstuvo. Son matemáticas, no tu interpretación sobre deseos o proyecciones mentales. Cuando a un votante no le gusta ni una opción ni la otra, se abstiene o vota nulo. 42 % votó por el chavismo. 5 millones de votantes se abstuvieron. Apenas 340 mil votos más sacó la oposición entre 2013 y 2015. Números, no elucubraciones.

La ley electoral incluye la figura de la impugnación. Tanto la oposición como el chavismo la han ejercido. Si la impugnación prospera, se repiten las elecciones, si no, no. Son las reglas del juego.

Ahora, de nuevo la pregunta que nadie contesta:

¿Que es peor, que a un diputado se le acuse de fraudulento, demuestre que no lo es y vuelva al trabajo o que un diputado gane con trampa y no le pase absolutamente nada?

lars
19 de enero, 2016

Petrusco, tu interpretación es subjetiva porque proyectas los resultados del 2013 para sacar cuentas a conveniencia. No puedes afirmar que quienes votaron por Capriles fueron los mismos que votaron por la MUD más un pequeño plus. Fueron elecciones distintas en tiempos distintos. Hay un cambio en las percepciones que está avalado por estudios de campo, que predecían una derrota incluso mayor. Tampoco puedes suponer que quienes se abstuvieron fueron chavistas, porque la abstención no dice nada. Los votos nulos hay que analizar en detalle cómo se reparten (yo no lo pienso hacer, no me interesa). Por otro lado, hay procedimientos para impugnar, lo que debe hacerse ante el CNE. No voy a repetir argumentos, pero revertir una proclamación es un sinsentido jurídico, y hacerlo sin juicio y con base en una grabación ilegal que ni siquiera afecta el voto es una marramucia. Incluso, si le damos crédito, el gobierno también compró votos abiertamente, y nadie está planteando apartar esos diputados.

Rafael González
19 de enero, 2016

Lo difícil es expresar una opinión distinta a la MUD/PUSV en este Foro, los miembros de esta impiden ver con claridad la realidad que enfrentamos. Durante el Siglo XIX lo resolvimos con una Guerra Civil, ahora no es tan fácil matarnos en masa, seguiremos la Guerra por otros medios pero ni la tan cacareada Asamblea será el escenario ni mucho menos la explosión del poder comunal y ambos bloques lo saben, de allí su preocupación por que no surja algo más allá que les dispute la hegemonía de seguir con esta coyuntura hasta Diciembre del 2019 donde una posible salida electoral les solvente tanta mediocridad y falta de liderazgo.

Petrusco
20 de enero, 2016

Lars:

La comparación entre los resultados del 2013 y del 2015 es completamente válida, son dos años, no dos siglos de diferencia. Este artículo de Efecto Cocuyo te puede aclarar todas tus dudas sobre los hechos concretos del 6D, su interpretación matemática y su comparación con las elecciones del 2013 y las parlamentarias del 2010:

http://efectococuyo.com/efecto-cocuyo/maduro-perdio-casi-2-millones-de-votos-chavistas-y-mud-gano-343-434-electores

Abstención es abstención, quien no votó por el chavismo,TAMPOCO voto por la oposición. Ese es un detalle clave.

La figura de la impugnación existe en la Ley Electoral, por eso tanto el chavismo como la oposición han impugnado, siguiendo los procedimientos establecidos para ello. Si el gobierno compró votos, pues lo que hay que hacer es presentar la demanda y las evidencias y proceder. Si eso no se hace, entonces lo que se está es hablando gamelote por hablar.

Ramon
21 de enero, 2016

Que sencillo se hace evaluar desde afuera las posibilidades de una Asamblea Nacional, donde el resto de los poderes estan claramente parcializados. En mi opinión, resulta interesante el tema, aún cuando a todas luces el TSJ desproclama a diputados electos y proclamados por el CNE, es una tremenda oportunidad de claramente exponer que el compromiso adquirido en la campaña electoral de activar mecanismos constitucionales no los pueden cumplir porque el gobierno continúa violando la constitución y con ello asegurar que los venezolanos logren entender con claridad que la crisis económica es única y exclusivamente del Presidente de la República. Esto le da oportunidad a la MUD de obtener triunfos electorales en Gobrenaciones y Alcaldías, lo que permitirá afianzarse en el pais, para solicitar el recorte del período presidencial con mucho más apoyo popular. Esto de una u otra forma, llevará a establecer negociaciones y acuerdos para que el partido de gobierno permanezca haciendo vida pública.

lars
22 de enero, 2016

La reseña de Efecto Coyuco es igualmente especulativa. Dice que el gobierno aumentó su votación con respecto al 2010. Desde esa perspectiva podemos afirmar que el chavismo ha crecido. Las elecciones no dan información suficiente para hacer esas afirmaciones. Cada elección es una historia distinta. Por otro lado, las impugnaciones se deben hacer ante el CNE y resulta que el CNE no ha pintado nada. El TSJ anula con base en una prueba ilegal y de dudosa autenticidad. También lo hace sin juicio previo. Y de haberse dado, lo único que podría concluir es que la compra de votos no afecta el acto de votación, pues el voto es secreto. Además una sentencia condenatoria contra algún diputado requeriría anular su inmunidad. También contraviene sentencias previas del TSJ. Unos magistrados mal escogidos se colocan por encima del principio de representación. Hay que estar muy ciego para no darse cuenta de que esto es una movida política antidemocrática para hacer inefectiva la mayoría calificada.

Petrusco
25 de enero, 2016

Lars:

Desde la perspectiva de Efecto Cocuyo, si la leyeras, encontrarías que el chavismo ha caído aparatosamente en sus votos desde las presidenciales Maduro vs Capriles hasta el 6D y que, comparando sólo las parlamentarias, resulta que el chavismo aumentó levemente en unos 100 mil votos, cosa que se considera bastante llamativa. Quizá el cruce comparativo de votos absolutos te confunde.

El marco legal tanto para la designación de magistrados, como para las impugnaciones, es bastante claro. No sólo han impugnado a diputados de la oposición, también se impugnó un diputado del chavismo, ergo, la cosa funciona para ambos lados.

Por otro lado, ¿cuáles son los criterios jurídicos para considerar que los magistrados fueron “mal escogidos”? ¿Los conoces?

Vuelvo a la pregunta, ética pues: ¿Que es peor, que a un diputado se le acuse de fraudulento, demuestre que no lo es y vuelva al trabajo o que un diputado gane con trampa y no le pase absolutamente nada?

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