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Historia

“Rómulo histórico” (Fragmento); por Germán Carrera Damas

Fragmento del nuevo libro de Germán Carrera Damas, "Rómulo histórico", publicado por Editorial Alfa (2013)

Por Prodavinci | 3 de Mayo, 2013
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VALORACIÓN GLOBAL DE LA INSTAURACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL RÉGIMEN SOCIOPOLÍTICO
LIBERAL DEMOCRÁTICO EN VENEZUELA: 1945-1964

“(… ) la estimativa alegre de quien no ha pasado por la prueba del gobierno (… )”.
Carta a Mercedes Fermín. Agosto de 1955. Rómulo Betancourt. Antología
política, vol. VI, pp. 407-408

Por ser la valoración histórica de la instauración y consolidación de la República liberal democrática, en el lapso comprendido entre el 18 de octubre de 1945 y el 11 de marzo de 1964, el principal fundamento de la alta personalidad histórica de Rómulo Betancourt; y ubicada esta en la larga marcha de la sociedad venezolana hacia la democracia, se requiere un enfoque de largo plazo de su aporte personal,conceptual y teórico-práctico, a este hecho mayor de la historia de Venezuela, y en particular de su período republicano. Hecho quizás solo comparable, por su trascendencia, a la ruptura del nexo colonial, iniciada oficialmente en el 5 de julio de 1811 y culminado con la Batalla de Ayacucho, el 9 de diciembre de 1824. El período así demarcado se corresponde con el curso de la denominada por Rómulo Betancourt revolución democrática, iniciada con el término de la República liberal autocrática, instaurada a partir de la ruptura de la República de Colombia, alias Gran Colombia, en 1830, y llegada en 1945 al final de su fase degenerativa, la dictadura liberal regionalista, iniciada al nacer el siglo XX.

Quizás sorprenda, a algún lector desprevenido, el hecho de que en el lapso arriba demarcado quede incluida la década 1948-1958, denominada la dictadura militar. Viene al caso recordar dos cosas. En primer lugar, que nuestro estudio está regido por el juego de dos tenaces constantes: la dinámica de la continuidad del proceso histórico y la dialéctica de continuidad y ruptura, propia de esa dinámica. Vista en esta perspectiva, lo históricamente legítimo –es decir, acorde con ese juego de constantes–, realizado en la etapa fundacional de la República liberal democrática (1945-1948), perduró durante la década dictatorial en la reivindicación que de ello se hizo en la clandestinidad y en el exilio, pero también en el hecho de que los aportes esenciales respecto de la formación del Poder Público no pudieron ser abolidos, aunque sí falseados. La Historia no brinda ejemplos de cambios sociales profundos e históricamente legítimos que no hayan tenido que superar instancias de contestación, esporádicas y hasta en ocasiones perdurables. ¿No ha sido esa la aventura de la República francesa?

La peripecia del poder vivida por los venezolanos luego que rompimos la República de Colombia, en 1830, autoriza a formularse una pregunta: ¿cuándo se fundó, real y definitivamente, la República en Venezuela? Si tomamos como criterio la institucionalización de los fundamentos del ordenamiento sociopolítico republicano, representados en primer lugar por el ejercicio de la soberanía popular, la separación y autonomía de los poderes públicos, y la práctica genuina de la alternabilidad en el desempeño del más alto nivel del Poder Público, la fundación real y definitiva, en Venezuela, de una genuina República, se inició en 1946, al convocarse la Asamblea Nacional Constituyente que elaboró la Constitución de 1947; al amparo de la cual se instituyó por primera vez una Presidencia republicana electa de acuerdo con los fundamentos del régimen sociopolítico representado por la República. Vale observar que esto aconteció un siglo después de que, en el 30 de marzo de 1845, nuestra todavía reina Isabel II –así reconocida, de hecho y derecho, en virtud de un solemne acto consensual– abdicó y reconoció la independencia de Venezuela; estatus que fuera hasta ese momento una situación de hecho, por ser obra de súbditos rebeldes. Esta circunstancia da pie a una conclusión: si la fundación de la República, entendida en los términos aquí enunciados, se inició en 1946, ella nació como la República liberal democrática, cuyo fundador fue Rómulo Betancourt, campeón en la lucha contra el que había denominado, en el Plan de Barranquilla, fechado en el 22 de marzo de 1931, absolutismo político; lo que, a su juicio, hacía que el régimen sociopolítico contra el cual luchó, estuviera e intentara permanecer más cercano de la Monarquía que de la República.

Por consiguiente, ¿rota la República de Colombia, que en virtud del Artículo 1.º constitucional abolió la Monarquía, el régimen que la continuó, en el hasta entonces Departamento de Venezuela, hasta 1946, podría ser considerado como una etapa de transición entre la Monarquía absoluta y la República; representada esa etapa por una suerte de remedo de Monarquía constitucional? De responderse afirmativamente esta interrogante, resultaría que la República venezolana se anunció moderna y liberal, en 1821, en el seno de la República de Colombia, alias Gran Colombia; y nació, propiamente, en los Estados Unidos de Venezuela, en 1946, como la República liberal democrática. De allí la legitimidad historiográfica del presente enfoque global.

romulo historico textoNUEVA CONCEPCIÓN DEL PODER PÚBLICO, DEL ESTADO Y DEL GOBIERNO

La nueva concepción del Poder Público, del Estado y del Gobierno, presente en el pensamiento y obra de Rómulo Betancourt, en sus complementarias facetas de líder político, de orientador doctrinario y de estadista, conforma una armónica estructura político-jurídica en la que se vieron sintetizados, e interpretados de manera creativa, los aportes del liberalismo, actualizado como concepción democrática de la libertad; del marxismo en sus expresiones como humanismo centrado en la gestación del hombre nuevo; del leninismo-trotskismo primario como teoría del poder, producto de la acción de masas conducidas por un partido revolucionario; y de la socialdemocracia, como simbiosis del liberalismo y el socialismo, tanto en los procedimientos de formación, ejercicio y finalidad del Poder Público como en las metas revolucionarias de libertad y bienestar social. Todos estos aportes, fueron críticamente repensados por él, con base en una informada interpretación crítica de la condición sociohistórica de la sociedad venezolana de mediados del siglo XX.

Al formular sus consideraciones histórico-críticas, Rómulo Betancourt tradujo el fenómeno histórico real e inmediato que percibía, más que comprendía, a la terminología revolucionaria en la que entonces se iniciaba. Cabe dudar de que, por las obras que leía, pudiera tener amplio conocimiento crítico de la realidad histórica de lo que tomaba por originario; es decir del ordenamiento republicano moderno y liberal de la República de Colombia, alias Gran Colombia; de la confrontación de este con el desquiciamiento de la estructura de poder interna de la sociedad colonial; y de la comprobación de que la necesidad-imposibilidad de generar los factores dinámicos –en lo económico y lo social– requeridos para la instauración de tal República, hizo necesario procurar el concurso del capital y los brazos (tecnología) que se esperaba podrían ser aportados por las sociedades consideradas entonces más avanzadas.

Corría pareja la convicción de que la drástica abolición de la Monarquía, en sus estructuras gubernamentales y administrativas, podría acentuar la ya grave perturbación de la estructura de poder interna de la sociedad, y obstruir la instauración del régimen sociopolítico republicano, moderno y liberal.

Se abre, de esta manera, la interrogante sobre cómo pudo el empleo del conocimiento sociohistórico que tuvo a su alcance Rómulo Betancourt, vertido en las categorías del materialismo histórico marxista primario, servir al origen de una concepción revolucionaria democrática del cambio social que abrió para los venezolanos la genuina modernidad sociopolítica republicana.En el marco del presente estudio de la personalidad histórica de Rómulo Betancourt, el tener como eje la instauración en Venezuela de la República liberal democrática, desea servir a la formulación de una respuesta a esa interrogante.

EMANCIPACIÓN DE UNA SOCIEDAD TUTELADA

El punto de partida, y el objetivo de la instauración de la República liberal democrática, consistieron en la superación de la condición tutelada de lasociedad, en la que había sido mantenida durante el largo siglo de su existenciarepublicano-absolutista transcurrido desde 1830. Esto fue procurado medianteel rescate, la democratización y el pleno ejercicio de la soberanía popular, quehabía sido estatuida como la fuente originaria de la legalidad y la legitimidad delPoder Público en la Constitución definitiva de la Venezuela republicana, integradaen la República de Colombia, alias Gran Colombia. Esta Constitución,promulgada por Simón Bolívar, recogió y enriqueció los términos de la Leyfundacional dictada en Angostura y también promulgada por Simón Bolívar,en 1819. La soberanía popular, así erigida en principio básico de la existenciarepublicana, había sido mantenida bajo secuestro desde que, en 1828, SimónBolívar asumió la dictadura comisoria –mediante un procedimiento jurídicamentecuestionable–, dirigida a preservar la independencia de la República de

Colombia. El sentido histórico adquirido por Rómulo Betancourt le llevó a comprender que, gracias a este rescate, habría de quedar comprobado que la naturaleza democrática de las normas y procedimientos atinentes a la formación, el ejercicio y la finalidad del Poder Público, conforman el criterio básico para evaluar el tenor democrático del Estado, el Gobierno y la Administración Pública, republicanos.

Por consiguiente, el rescate de la soberanía popular, y su pleno ejercicio, respondían al propósito de superar las formas de acceso al Poder Público, y de su ejercicio y finalidad, en las cuales percibió la embozada práctica del ejercicio monárquico absolutista del poder, bajo el amparo de un remedo de monarquía constitucional que, básicamente, usurpaba las formas institucionales republicanas en beneficio del ejercicio despótico del Poder Público por caudillos y hombres necesarios, generalmente militares, rodeados de validos letrados que envolvían ese artificio despótico y semidinástico en una legalidad constitucional ad hoc. Probablemente a ellos se refirió Rómulo Betancourt en un artículo publicado el 10 de diciembre de 1936, al subrayar «(… ) la diferencia profunda que hay entre la manera de polemizar de los demócratas y la de los absolutistas (… )».

Propósitos y práctica de la renovación de las formas de acceso al Poder Público

Esta renovación debía acarrear, en primer lugar, la liquidación de la herencia de la República liberal autocrática y de su fase degenerativa, la dictadura liberal regionalista, en lo concerniente a la formación del Poder Público. Para este fin se ensayaron fórmulas de emergencia o de transición, como lo fueron la candidatura concertada y la candidatura nacional, concebidas como expedientes para cerrarle el paso al continuismo, ya fuese directo y semidinástico, ya fuese alternativo o pactado, practicado anulando, en los hechos, incluso la formal consulta electoral.

Lo fundamentalmente procurado era institucionalizar, mediante el ejercicio de la soberanía popular, la alternabilidad republicana; perfeccionando así la abolición de la Monarquía; y mediante ello erradicar el caudillismo y el personalismo, perfeccionando también la liquidación de la República liberal autocrática y de su fase degenerativa la dictadura liberal regionalista. Al logro de estos objetivos debía contribuir el hecho de que quienes conquistaron el Poder Público en 1945, con el auxilio de la más arraigada y aun por ellos detestada manera de acceder al mismo –si bien en una nueva versión, la del golpe civil-militar-civil– iniciaran su desempeño revolucionario del poder inhabilitándose para aspirar a ejercerlo, una vez rescatada la soberanía popular y puesta en plena vigencia.

¿Se intentaba con ello solo jugarle a la dinámica histórica de continuidad y ruptura? Hubo desconcierto en la opinión pública; y en el mejor de los casos escepticismo, entre adversarios y pretendidos agudos observadores, quienes creyeron que, de no ser un mero recurso demagógico, se pretendía un imposible. Incluso, después del golpe puramente militar-militarista del 24 de noviembre de 1948, una de las recriminaciones de que fue blanco Rómulo Betancourt consistió en culparlo de lo sucedido, por no haber sido él quien desempeñase la Presidencia, en vez de hacerlo Rómulo Gallegos, a quien si bien se le reconocían méritos para ejercer la Presidencia de la República, no se le atribuía experiencia para resolver crisis políticas, porque anteponía la firmeza de los principios a la habilidad política.

Sentido y alcance de la universalización del derecho al sufragio

La universalización del derecho al sufragio venía siendo recomendada por Rómulo Betancourt desde su etapa de opositor a los dos postreros episodios de la dictadura liberal regionalista, representados por los gobiernos de los generales Eleazar López Contreras e Isaías Medina Angarita. Si osado pareció a muchos el reconocimiento de sus derechos políticos a la mujer, esta apreciación se cambió a aventurada por la circunstancia de que el derecho al sufragio fuese extendido a los analfabetos y a los mayores de dieciocho años. Temían observadores, no sin algún fundamento, que la falta de una experiencia política básica de los nuevos ciudadanos los haría permeables a prédicas demagógicas, e incluso a posturas eventualmente no democráticas. Arturo Uslar Pietri destiló la frustración de su aspiración a ser una suerte de Presidente-designado, en una artículo de prensa publicado el 6 de septiembre de 1947: «(…) Yo no soy de los que creen que el número por sí solo constituye un acierto en la dirección política, y nadie me hará entender que puedan comprender mejor los supremos intereses de Venezuela los ochocientos mil analfabetos que los cuatrocientos mil que saben leer y escribir».

En rigor, las osadas mentalidades que dieron ese paso –que quedaría consagrado como necesario hacia la más absoluta inclusión social registrada en la historia de Venezuela republicana, superando la abolición legal de la esclavitud– estuvieron lejos de captar la motivación profunda de tales medidas. Se trataba de quebrar la estructura de poder interna de la República liberal autocrática y de su fase degenerativa. Para ello era necesario ampliar, hasta llevarlo a que resultase incontrolable por quienes ejercieran despóticamente el Poder Público, un electorado que había sido mantenido cautivo mediante la manipulación de los recursos políticos y administrativos, y conducido empleando fórmulas tramposas como la compatibilidad de funciones públicas, en virtud de la cual funcionarios podían desempeñar simultáneamente cargos ejecutivos, judiciales y legislativos.

Mas habría de ser el procurado un resultado que, si bien nada desdeñable, no bastaría para consolidar y preservar el régimen sociopolítico liberal democrático que se implantaba. Para esto era necesario comprometer la responsabilidad de toda la sociedad con la práctica de la política; y adelantar en la formación, el desempeño y la finalidad del Poder Público, ejerciendo el sufragio y teniendo la posibilidad de integrarse en partidos políticos y sindicatos. En síntesis, asumiendo la corresponsabilidad ciudadana del Poder Público, aprendida bajo los auspicios de la concepción pedagógica del ejercicio de la política y del desempeño democrático de ese poder. ¿Trocar la despótica tutela en enseñanza-aprendizaje de la libertad democrática?

Combinación de las formas, tradicionales y renovadoras, deacceso del Poder Público y de su legitimación

Mas no bastaba, al propósito central de establecer el régimen sociopolítico liberal democrático, enmarcado en la República liberal democrática objeto de tal instauración, la depuración del proceso de formación del Poder Público. Esta, que habría de ser la fuente imprescindible de su legalidad, debía combinarse, en lo concerniente, sobre todo al desempeño y la finalidad de ese poder, con procedimientos y actitudes políticas que reorientasen y enriqueciesen las formalidades constitucionales de legitimación del Poder Público, cual correspondía con la doctrina del ejercicio pedagógico de la política y del gobierno. Sin subestimar la circunstancia de que tales novedosos ejercicios y procedimientos necesitaban de la ejemplaridad de la conducta de quienes asumieran el compromiso de instaurar y promover la nueva modalidad de orientación –no ya de conducción– sociopolítica de la sociedad.

Práctica de la concepción pedagógica del desempeñodel Poder Público

Rómulo Betancourt y los integrantes del Gobierno, en sus altos niveles, cultivaron su legitimación mediante la frecuente comparecencia ante la opinión pública, empleando, incrementando y diversificando procedimientos que complementaban los constitucionales. La frecuente presencia del Presidente de la República en actos de multitudes, y su participación en convenciones y asambleas anuales de organizaciones sociales; solo o acompañado de los ministros competentes, llegaron a ser rutina. Esas comparecencias no fueron rituales: al centrarse en una suerte de rendición de cuentas respecto de las políticas de Estado –ampliamente difundida por los medios de comunicación–, ejemplificaban a plenitud el acatamiento de la soberanía popular y la vigencia de la concepción pedagógica del ejercicio de la política y del desempeño del Poder Público.

En este ejercicio pedagógico, Rómulo Betancourt incurrió en prácticas discursivas representativas del uso y abuso de la Historia. Servirse de la conciencia histórica común, y apelar al patriotismo, es quizás el más arraigado recurso [¿ardid?] de los gobernantes y los conductores de pueblos. Permite ahorrar explicaciones y justificaciones; y conduce a que cada quien reciba el mensaje que acomode a su grado de conocimiento de la Historia y a su aptitud crítica. ¿Consideró, Rómulo Betancourt, que este recurso guardaba correspondencia con las condiciones culturales e intelectuales de la sociedad que buscaba transformar, mediante la revolución democrática? En todo caso, no dejaba de ser una demostración, si bien tangencial, de acatamiento de la soberanía popular.

La democracia moderna, fuente y garantía de la libertad

Conectándose con la fundamentación de la actuación histórica de Rómulo Betancourt, estaba la presunción de que el régimen sociopolítico liberal democrático, que se postulaba como objetivo; y en cuya instauración se trabajaba, como expresión moderna de la democracia, aportaría el disfrute y la garantía de la libertad; de una menos gaseosa, según sus propias palabras. Esto último, presumiblemente, porque ella advendría acompañada de la promoción de un bienestar basado en el trabajo y el esfuerzo políticamente organizado de una sociedad que aún se hallaba, en su absoluta mayoría, sumida en el atraso y la pobreza; además de lastrada de sometimiento.

Fundamentación liberal-democrática del Poder Público

Las bases jurídico-políticas de la instauración y consolidación del régimen sociopolítico liberal democrático, en el lapso 1945-1964, integran un núcleo de factores y condiciones, orgánicamente interrelacionados, atinentes principalmente a la formación del Poder Público y a su desempeño; lo que se explica históricamente porque se procuraba, por este medio, el desenlace, favorable a la libertad, de la lucha contra el despotismo, enunciada desde los primeros asomos del propósito de romper el nexo colonial.

El ejercicio pleno de la soberanía popular ampliada, buscaba ponerle cese al continuismo en la formación del Poder Público; manifestado este como perpetuidad del gobernante, como la sucesión casi dinástica o como expresión de la preferente, profesional o regional, finalidad de ese poder. La vigencia de estos criterios absolutistas, como los calificara Rómulo Betancourt, se traducía especialmente en una confrontación entre el poder militar y el poder civil; uno de cuyos fundamentos consistía en que se mantuviese a los militares activos privados del ejercicio de la ciudadanía, en el orden político, para mediante ello evitar que se contagiasen de civilidad.

Situación esta que la República liberal democrática no podía alcanzar a corregir en el breve lapso de su instauración primaria, pese a que Rómulo Betancourt parecía haber logrado sentar las bases para justificarla. En un artículo publicado el 22 de noviembre de 1944, refutando uno de Miguel Otero Silva, expresó ideas, cargadas de significación, relativas a los conceptos de insurrección y democracia, referidos a los «(…) movimientos insurgentes habidos en América, en países [Ecuador, Guatemala y El Salvador], donde Hitlers tropicales habían cerrado a las fuerzas democráticas toda posibilidad de actuación (…)». Consideró que censurar tales movimientos «(…) revela como es [sic] de mentecata la tesis que conceptúa necesariamente reaccionario y fascista todo movimiento insurreccional americano». Pero, prudentemente, y dadas las circunstancias políticas imperantes, afirma que esta suerte de doctrina legitimadora de la insurrección no valía para Venezuela, donde «(…) ya lo hemos dicho en este periódico [El País, vocero del partido Acción Democrática], están abiertas las vías legales para luchar cívicamente contra las deformaciones y falsificaciones de nuestra democracia enclenque (…)»; y en este sentido actúa «(…) la oposición principista y seria (…)».

Quedaba todo subordinado a que no fuesen cerradas esas vías, lo que conllevaba una muy poco velada advertencia, cuya motivación afloró en razón de la controversia acerca de la sucesión presidencial. Rómulo Betancourt fijó posición en el famoso «Discurso del Olimpia», pronunciado el 6 de mayo de 1945. En la parte intitulada «El Ejército Nacional y el 46», reivindica el derecho a tratar ese tema, al afirmar que: «Otro tópico que debe abordarse en torno a la sucesión presidencial es este del papel que en esa oportunidad han de desempeñar las fuerzas armadas de la nación». Añadió una reveladora comprobación del estado de la sociedad en lo concerniente a tan fundamental cuestión: «No se me escapa el gesto de sorpresa, y hasta de angustiada expectación, con que se han recibido las palabras que acabo de pronunciar. Es que en Venezuela es el tema del Ejército un tema tabú, sin razón alguna que avalen y justifiquen [sic] ese proceder frente a una de las más importantes instituciones de la República». A continuación rechazó la conseja de que el Presidente tenía que ser militar, porque el Ejército no aceptaría que no lo fuera: «El proceso de democratización de la conciencia nacional no se ha detenido, como ante muralla china, en las puertas de los cuarteles (…)». En los integrantes de las fuerzas armadas «(…) circula ese mismo anhelo de dignificación política y de superación democrática del país presente en el pensamiento de los núcleos civiles de la población nacional». Lo que impulsó al orador a traspasar los límites de la prudencia: «(…) es por todo esto que desde aquí quiero hacer una profecía, orgulloso como venezolano de poder expresarme así de las fuerzas armadas de mi país: si fuere civil el próximo Presidente de la República, tendrá en el Ejército apoyo sin regateo, respaldo sin reservas (…)».

Prosiguiendo en la misma dirección, el 14 de septiembre de 1945, a casi un mes del golpe civil-militar-civil que abrió la vía a la instauración de la República liberal democrática, Rómulo Betancourt adelantó los sucesos en un artículo titulado «El ideal civilista y la sucesión presidencial»: «Es de una evidencia incontrastable que Venezuela anhela ver en Miraflores a un gobernante civil (…) y como siempre lo hemos creído, este anhelo es compartido por los cuadros técnicos y por la oficialidad de escuela, de nuestras instituciones armadas (…)». Si bien en la época se diferenciaba entre los militares de escuela y los chopo-e-piedra –distribuyéndolos según la fundamental diferencia entre el origen caudillesco y el institucional–, para ambos regía la que Rómulo Betancourt consideraba incapacidad estructural del militar para gobernar, derivada de los condicionantes de su formación profesional.

La radicación de la fuente de la legalidad originaria del Poder Público en la ciudadanía organizada se correspondía con la instauración de una democracia de partidos. Significaba dotar al ciudadano que ejercía la soberanía popular de medios que permitieran lograr que su unicidad se convirtiera en una fuerza colectiva permanente; capaz de enfrentar, a través de la representación parlamentaria, los eventuales desvaríos autocráticos o despóticos del Poder Ejecutivo. La conversión del ejercicio de la ciudadanía en una fuerza política con capacidad reguladora del desempeño del Poder Público cifraría su potencialidad y eficiencia en la vigencia de los procedimientos de la democracia moderna como garantía de la ciudadanía.

Prodavinci 

Comentarios (1)

MORELA COLINA
21 de Junio, 2013

Excelente artículo, lamentablemente estamos pasando un ciclo donde la élite política no lee, reniega de la historia no la conoce y la pretende cambiar a su antoje, quizás es que no hay difusión suficiente sobre lo ejecutado por los hombres que han conformado la historia contemporanea de VENEZUELA. MUCHAS GRACIAS.

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