;

Actualidad

Morir en los tribunales, por Peter Singer

Por Prodavinci | 22 de Julio, 2012
0

Gloria Taylor, canadiense, tiene esclerosis lateral amiotrófica (ELA), también conocida como enfermedad de Lou Gehrig. Durante unos años sus músculos se debilitarán hasta que ya no pueda caminar, utilizar las manos, masticar, tragar, hablar y, al final, respirar. Entonces morirá. Taylor no quiere pasar por todo eso. Quiere morir en el momento que elija ella misma.

El suicido no es delito en el Canadá, por lo que, como dice Taylor: “Sencillamente, no puedo entender por qué a quienes pueden mover su cuerpo y padecen una enfermedad terminal la ley les permite dispararse cuando ya no pueden soportar más su situación, porque pueden sostener y apuntar una pistola, pero, como mi enfermedad afecta a mi capacidad para mover y controlar mi cuerpo, no se puede permitirme recibir ayuda compasiva para que pueda cometer un acto equivalente utilizando una medicación letal”.

Taylor considera que la ley le ofrece una alternativa cruel: o bien poner fin a su vida cuando aún puede disfrutarla, pero tiene capacidad para matarse, o renunciar al derecho que otros tienen a poner fin a su vida cuando decidan hacerlo. Acudió a los tribunales, con el argumento de que las disposiciones del Código Penal que le impiden recibir asistencia para morir están en contradicción con la Carta Canadiense de Derechos y Libertades, que concede a los canadienses los derechos a la vida, la libertad, la seguridad personal y la igualdad.

La vista del tribunal fue notable por la minuciosidad con la que la juez Lynn Smith examinó las cuestiones éticas que se le habían planteado. Recibió dictámenes periciales de figuras destacadas sobre los dos aspectos de la cuestión, no sólo canadienses, sino también expertos de Australia, Bélgica, los Países Bajos, Nueva Zelanda, Suiza, el Reino Unido y los Estados Unidos, cuyos conocimientos técnicos abarcaban la medicina general, los cuidados paliativos, la neurología, los estudios sobre discapacidades, la gerontología, la psiquiatría, la psicología, el derecho, la filosofía y la bioética.

Muchos de ellos fueron interrogados en el tribunal. Junto con el derecho de Taylor a morir, se examinaron detenidamente los debates celebrados durante decenios sobre la asistencia para morir.

El mes pasado, Smith dictó sentencia. El caso, Carter v. el Canadá, podría servir de libro de texto sobre los datos, la legislación y la ética de la asistencia para morir.

Por ejemplo, se ha debatido mucho la diferencia entre la práctica aceptada de retirar el apoyo vital o cualquier otro tratamiento, sabiendo que es probable que el paciente muera sin él, y la práctica impugnada de ayudar activamente a un paciente a morir. Según la sentencia de Smith, “una distinción ética nítida resulta escurridiza” y la opinión de que no existe semejante distinción ética es “convincente”. Examina y acepta un argumento propuesto por Wayne Sumner, distinguido filósofo canadiense: si las circunstancias del paciente son tales, que el suicido resultaría éticamente permisible, en caso de que el paciente pudiera cometerlo, en ese caso también es éticamente permisible que el médico facilite el medio para que el paciente lo haga.

Smith tuvo que juzgar también si había consideraciones de política pública que se opusieran a la legalización de la asistencia médica para morir. Su decisión se centra principalmente en el riesgo de que se presione a personas vulnerables –por ejemplo, los mayores o quienes tengan discapacidades– para que acepten la asistencia para morir cuando no la deseen de verdad.

Existen opiniones opuestas sobre si la legalización de la eutanasia voluntaria en los Países bajos y la asistencia médica para morir en Oregón han propiciado un aumento en el número de personas vulnerables muertas o asistidas para morir sin que hayan concedido su completo consentimiento con conocimiento de causa. Durante muchos años, Herbert Hendin, psiquiatra y experto en suicidios, ha afirmado que las salvaguardas incluidas en esas leyes no protegen a los vulnerables. Ofreció documentación al respecto en el juicio.

Lo mismo hizo, por la otra parte, Hans van Delden, médico de una residencia y bioético que durante los veinte últimos años ha participado en todos los estudios empíricos más importantes de decisiones para poner fin a vidas en su país. Peggy Battin, la más destacada bioética americana que se ocupa de la muerte y la eutanasia, también testificó.

En esa controversia, Smith se inclina firmemente por la posición de Van Delden y Battin, al concluir que “la documentación empírica reunida en las dos jurisdicciones no abona la hipótesis de que la muerte con asistencia médica haya impuesto un riesgo particular a las poblaciones socialmente vulnerables”. De hecho, dice, “la documentación abona la posición del Dr. Van Delden de que es posible que un Estado designe un sistema que permita a algunas personas el acceso a la muerte con asistencia médica y a la vez proteja socialmente a las personas y los grupos vulnerables”. (El informe holandés más reciente, publicado después de que Smith dictara sentencia, confirma que no ha habido un aumento espectacular de los casos de eutanasia en los Países Bajos.)

Después, tras examinar la legislación aplicable, Smith declaró que las disposiciones del Código Penal que impiden la asistencia médica para morir violan el derecho de las personas discapacitadas no sólo a la igualdad, sino también a la vida, la libertad y la seguridad. Así abrió la vía a la asistencia médica para morir a cualquier persona adulta capacitada y grave e irremediablemente enferma, en condiciones no demasiado diferentes de las que se aplican en otras jurisdicciones en las que dicha asistencia es legal.

La decisión será recurrida casi con toda seguridad y parece probable que el resultado final dependerá de las interpretaciones que de la legislación canadiense hagan los jueces de apelación, pero parece probable que el veredicto de Smith sobre la ética de la asistencia para morir –y de los datos relativos a las jurisdicciones, como las de los Países Bajos y Oregón, que la autorizan– estará vigente durante mucho tiempo en el futuro.

***

Project Syndicate

Prodavinci 

Envíenos su comentario

Política de comentarios

Usted es el único responsable del comentario que realice en esta página. No se permitirán comentarios que contengan ofensas, insultos, ataques a terceros, lenguaje inapropiado o con contenido discriminatorio. Tampoco se permitirán comentarios que no estén relacionados con el tema del artículo. La intención de Prodavinci es promover el diálogo constructivo.