Ese riesgo tuyo, mío, nuestro

Todos lo hemos escuchado de nuestros líderes: por culpa del “mercado petrolero” o de tal o cual “crisis mundial,” los venezolanos “nos tenemos que apretar el cinturón.” Lo que no nos preguntamos lo suficiente es: ¿por qué? ¿Qué pecado original hace que a los ciudadanos nos va bien cuando hay una guerra en el Golfo Pérsico, y nos va mal cuando cae el mercado inmobiliario de Tampa?¿Qué sugiere esto acerca de cómo percibimos la labor del Estado en la sociedad?

Más allá de suministrar los bienes colectivos que los individuos no pueden producir (como la defensa nacional y la justicia), los estados modernos se preocupan cada vez más del riesgo. El sociólogo alemán Ulrich Beck llega al punto de definir a la sociedad contemporánea como la Sociedad del Riesgo, es decir, una sociedad signada por mecanismos cada vez más sofisticados para la gestión del riesgo.

O por lo menos así lo ven en Alemania. Pero claro, no somos alemanes. El Estado venezolano, desde hace mucho tiempo, en vez de proteger a los ciudadanos contra los riesgos, nos deja expuestos a ellos. En vez de escudarnos de la volatilidad del mercado petrolero, la traslada a nuestros hogares, dejándonos vulnerables y limitando severamente nuestro potencial tanto individual como colectivo.

En tanto la defensa de los ciudadanos es su principal raison d’être, el Estado venezolano de los últimos 40 años es un fracaso.

El problema está en que los venezolanos no estamos preparados para asumir ese riesgo que el Estado nos endosa.

La vida cotidiana acarrea mucho riesgo. Ante el riesgo de enfermarse, los que pueden recurren a pólizas de seguro. Para enfrentar potenciales asaltos, protegemos nuestros bienes con las pocas herramientas que tenemos – rejas, alarmas, cercos eléctricos, armas. Frente al riesgo de quedar sin empleo, ahorramos algo de dinero.

Estas herramientas para enfrentar el riesgo personal acarrean un costo. No todo el dinero que gastamos en seguro va a asegurarnos – una parte se queda en comisiones, y otra parte sirve para pagar a aquellos clientes que se enferman más que uno. La plata que gastamos en seguridad personal o en ahorrar para los momentos difíciles conlleva costos, porque ese dinero implica posponer consumo, y sacrificar utilidad y bienestar personal.

Si no existiesen los riesgos, tendríamos más dinero para consumir. Sin riesgos, no tendríamos que incurrir en el costo de conseguir financiamiento para protegernos. Los costos para los bancos y las compañías de seguro de determinar el perfil de riesgo de una persona con base en poca información serían mucho menores. En fin, riesgo implica costo, y costo implica menos consumo y menos utilidad.

Las economías de los países también enfrentan riesgos, manifestados en los ciclos económicos. La magnitud y naturaleza de estos riesgos – mayor en economías dependientes de un solo producto cuyo precio es muy variable – hacen que al ciudadano común se le haga difícil prevenir y protegerse de estos. Los Estados, en cambio, tienen la capacidad financiera y técnica de enfrentar esos riesgos ahorrando en tiempos buenos y endeudándose en tiempos malos.

En Venezuela, en cambio, el Estado no ha logrado defender a los ciudadanos ante el riesgo. En épocas de abundancia – cuando el precio del petróleo es alto – el Estado reparte las rentas extraordinarias y, a veces, incluso, lo que pide prestado, en subsidios. Se subsidia el consumo, la importación, y hasta los viajes al extranjero. Cuando llueven los petrodólares, se baja el IVA, se eliminan otros impuestos, y toda decisión difícil es postergada. Todo lo que signifique ahorro – postergación del consumo, inversión en infraestructura (como en plantas eléctricas) – se pasa a la hornilla de atrás.

Lo que sigue es conocido. Cuando sucede lo inevitable y cae el precio del petróleo, como en la fábula de la cigarra y las hormigas, el Estado tiene que ponerse “creativo” para que le cuadren las cuentas. Ahí es cuando se recurre a medidas pro-cíclicas que acentúan la tendencia del ciclo económico. Se aumentan los impuestos, ya sea explícitamente o a través de un aumento en la inflación, que es una manera indirecta de aumentar los impuestos. Se devalúa el tipo de cambio, retroalimentando lo anterior. Se limitan las importaciones y disminuye el consumo. El colapso que muestran las estadísticas de ventas de automóviles de los últimos meses sirve como uno de muchos ejemplos.

Lo que el Estado termina haciendo es trasladar el riesgo del mercado petrolero a los ciudadanos. Esto acarrea costos enormes, ya que los ciudadanos no estamos preparados para enfrentar este riesgo. Los venezolanos de a pie no tenemos los recursos financieros ni técnicos para saber cuando ni cuánto ahorrar para compensar la caída en el precio del petróleo.

Los costos de esta decisión nos rodean. Por culpa de la volatilidad, se hace difícil conseguir créditos para viviendas. Cualquier planificacion de largo plazo debe considerar que en unos años más la moneda no va a valer lo mismo. Los proyectos de las empresas se convierten en un ejercicio de adivinanza del tipo de cambio, haciendo casi imposible conseguir financiamiento externo y aumentar de forma sostenida el empleo. La adopción de tecnología y la inversión extranjera se ven mermadas ante la incertidumbre de a cuánto se podrán repatriar dividendos futuros.

La literatura en economía ha identificado claramente los escollos que esto genera para el crecimiento. Loayza y Hnatkovska (2004), por ejemplo, determinaron que hay una correlación negativa entre la volatilidad macroeconómica y el crecimiento a largo plazo*. Esta correlación negativa se acentúa en países como el nuestro, en el que el sistema financiero está subdesarrollado y en los que el Estado no puede, o no quiere, implementar políticas fiscales contra-cíclicas.

Manzano y Rigobón (2006) determinan que este bajo desempeño se debe a las políticas de endeudamiento de los países ricos en recursos naturales, los cuales emiten deuda cuando los tiempos son buenos y se enredan cuando los precios de lo que exportan (en nuestro caso, el petróleo) caen**.

En otras palabras, en vez de emitir deuda cuando los tiempos son malos y ahorrar cuando los tiempos son buenos, nuestro Estado hace lo contrario. Así acentúa la volatilidad y disminuye el crecimiento.

El resultado es que los ciudadanos, como las hormigas de la fábula de Esopo, terminamos pagando la resaca de los booms. Los costos de las políticas pro-cíclicas terminan siendo asumidos por la población a través de más impuestos y más inflación.

Esto no tiene por qué ser así. Países como Noruega o Chile han reconocido que los ingresos extraordinarios son eso, extraordinarios. La forma cómo han ahorrado sus excedentes y las reglas fiscales que les facilita gastarlos en épocas malas es digna de ser estudiada. Los ciudadanos de esos países están amortiguados ante los embates financieros y cambiarios, y pueden planificar mejor.  No es por casualidad que Noruega evitó caer en recesión en el 2009 (de hecho creció más del 2%), y que Chile ya está saliendo de su leve recesión.

La actitud del Estado venezolano frente al riesgo es generalizada, y no se limita a los riesgos macroeconómicos. Por ejemplo, nuestro Estado ha dejado al país indefenso ante los riesgos provenientes de los grupos irregulares o del hampa común. En vez de utilizar su capacidad técnica y financiera para protegernos de los embates del clima, el Estado se ha vuelto experto en ofrecer excusas. Desde el terremoto de 1969, pasando por el desastre de Vargas y por la crisis eléctrica actual, que se le achaca a El Niño, el Estado parece incapaz de asumir que prevenir siempre es mejor que lamentar.

Lo cierto es que para que los paises crezcan, los Estados deben desarrollar métodos siempre más sofisticados para absorber los riesgos. En Venezuela es, y ha sido siempre, al revés. Cuando la economía cae, los ciudadanos pagamos. El efecto sobre la sociedad es enorme, y es algo de lo cual se habla poco. Pero no tiene que ser así.

Piénselo la próxima vez que un político le pida que se “apriete el cinturón.”

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* Loayza, Norman y Hnatkovska, Viktoria V. (2004), “Volatility and Growth”. World Bank Policy Research Working Paper No. 3184. Disponible en SSRN: http://ssrn.com/abstract=636604

** Manzano, Osmel y Rigobón, Roberto (2006), “Resource curse or debt overhang?”, en Daniel Lederman y William F. Maloney, editores, Natural Resources: Neither Curse nor Destiny. Stanford, CA: Stanford University Press, 2006. pp. 41-70.

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