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Rosa Náutica

PRI-PAN: entente cordiale en México

Por Luis Esteban G. Manrique | 28 de Octubre, 2009
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Rosa Náutica

Luis Esteban G. Manrique

El decreto firmado por el presidente Felipe Calderón para liquidar al principal distribuidor de electricidad de propiedad del Estado, Luz y Fuerza del Centro (LFC), anunciado en un mensaje televisado a toda la nación, ha supuesto el mayor enfrentamiento de un gobierno mexicano con el poder sindical desde que en enero de 1989 Carlos Salinas de Gortari ordenara la detención por cargos de corrupción de Joaquín Hernández Galicia, el líder del sindicato petrolero del monopolio estatal Pemex.

Durante setenta años, los sindicatos fueron uno de los pilares de la estructura corporativa del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Aunque el régimen de partido único del PRI terminó con la llegada al poder del hoy oficialista Partido de Acción Nacional (PAN), muchos vestigios corporativos del priismo han sobrevivido, entre ellos los sindicatos de las empresas estatales.

Al ordenar el cierre manu militari de LFC y transfiriendo sus responsabilidades a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Calderón escogió con astucia a la víctima propiciatoria para afirmar su poder. El gobierno ha estado inyectando a la empresa 3.000 millones de dólares anuales, la mayor parte de los cuales iban a ambos de sus 4.000 empleados y sus 22.000 pensionistas.

Las pérdidas anuales de LFC eran el doble de sus ingresos y las subvenciones que recibía del Estado cada año eran equivalentes a lo que el gobierno invierte en su programa para combatir la pobreza extrema y que benefician a 25 millones de mexicanos.

La compañía, la segunda de propiedad estatal del país, pierde además el 30% de su electricidad por fallos técnicos y los robos de conexiones clandestinas, mientras que la CFE pierde el 11% de su energía y no le cuesta nada al erario público cobrando tarifas eléctricas similares.

La oportunidad de su anuncio fue también inteligente: se produjo el día después que México se clasificó al Mundial de fútbol en Suráfrica y en momentos en que los aliados políticos del sindicato, el Partido de la Revolución Democrática (PRD), está en unas de sus horas más bajas debido a sus divisiones internas y tras haber perdido posiciones en las últimas elecciones legislativas y de gobernadores.

En las últimas semanas los medios de comunicación han estado llenos de imágenes del extravagante estilo de vida del líderes sindicales y de historias sobre los fraudes electorales en el Sindicato Mexicano de Electricistas.

Lo más importante es que el PRI, el partido dominante en el Congreso y que espera recobrar la presidencia en 2012, ha respaldado la decisión, por lo que muchos analistas creen que ha llegado a un entendimiento con el gobierno por el cual el PRI actuará como una oposición “constructiva” a cambio de que el gobierno le “limpie la casa”, permitiéndole recuperar el poder librado de los pesados lastres de su pasado corporativo.

Si la decisión sobre LFC es un anticipo de las cosas que vendrán, los próximos movimientos de Calderón podrían dirigirse contra los sindicatos de petroleros y educadores e incluso contra monopolios privados como el de Telmex. En ese escenario, el PRI se beneficiaría de que el gobierno asuma el coste político y la conflictividad social de medidas impopulares, pero a todas luces atrasadas y necesarias. De hecho, tras el decreto presidencial, la Bolsa de México alcanzó su cota más alta este año.

Pero lo siguientes pasos no serán nada fáciles. El cambio clave serán las reglas que gobiernan la participación extranjera en la industria petrolera. Dado que la producción mexicana de petróleo está cayendo de manera alarmante, tanto el PRI como el PAN quieren abrir el sector a la inversión extranjera. Pero ¿quién le pondrá el cascabel al gato?

Ningún gobierno mexicano se ha atrevido a tomar decisiones drásticas desde que en 1995 el presidente Ernesto Zedillo (1994-2000) forzara el aumento de impuestos tras la devaluación de 1994, entre otras cosas porque ningún gobierno ha tenido mayoría en el Congreso.

La decisión sobre LFC podría señalar un gran pacto de Estado entre el PRI y el PAN para asegurar la continuidad de las reformas más allá de las elecciones de 2012. Pero ambos partidos tendrán que hilar muy fino para conseguir sacar adelante un pacto que otorgue al sector privado un rol mayor en sectores clave de la economía. Según una encuesta en El Universal, sólo el 48% aprueba la decisión del gobierno sobre LFC

Mucho depende de que la liquidación de LFC sea positia para los consumidores, en cuyo caso el gobierno podría reformar también la CFE, que genera y distribuye energía y opera la red nacional. Francisco Labastida, el presidente priísta del comité de energía del Senado, dio la bienvenida a la decisión del gobierno sobre LFC pero su partido podría oponerse a más privatizaciones, aunque acepte en principio que el sector estatal necesita una reorganización.

Calderón subrayó que su gobierno no estaba privatizando LFC. La Corte Suprema ha dictaminado que cualquier reducción del rol del Estado en la industria de la electricidad debe ser aprobada por el Congreso. La ley actual permite que las compañías industriales tengan sus propias plantas generadoras para sus fábricas y vendan sus excedentes de electricidad a la CFE.

El primer contraataque del PRD ha sido buscar una orden judicial para que la cuestión pueda ser considerada por la Corte Suprema. No está claro constitucionalmente si el presidente tiene el derecho de controlar y liquidar una compañía de propiedad pública por decreto, especialmente cuando no existe una amenaza que la compañía no continuará proveyendo servicios. Casi con certeza, la Corte Suprema deberá dictaminar sobre esa cuestión.

A corto plazo, el costo de la liquidación de LFC será considerable. Calderón dejó en claro que todos los trabajadores recibirán lo que está establecido por ley. Esos pagos por indemnizaciones probablemente le costarán al gobierno 1.500 millones de dólares.

Foto: enmx

Luis Esteban G. Manrique 

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