;

Rosa Náutica

¿Naciones emergentes?

Por Luis Esteban G. Manrique | 20 de Octubre, 2009
2

Rosa Náutica

CholitosLuis Esteban G. Manrique

En 1992 la conmemoración del quinto centenario del descubrimiento de América catalizó la eclosión de los modernos “movimientos indianistas” desde México a Chile. Ahora, el ciclo de celebraciones del bicentenario de la independencia de las repúblicas hispanoamericanas que acaba de empezar podría consolidarlos como organizaciones políticas relevantes.

El último episodio que lo confirma ha ocurrido en Ecuador, donde el presidente, Rafael Correa, se vio forzado a recibir a más de 30 líderes indígenas en el palacio presidencial para impedir una escalada de protestas contra la nueva ley del agua y los planes mineros del gobierno.

La decisión de Correa mostró que es consciente de cómo el mal manejo por el gobierno peruano de las protestas de los pueblos nativos en la Amazonía condujo a sangrientos choques con las fuerzas de seguridad el pasado junio que concluyeron con la muerte de 24 policías y una decena de nativos.

La muerte de un profesor de etnia shuar, Bosco Wisum, y 40 agentes de policía heridos durante las protestas indígenas en Ecuador a fines de septiembre movió a Correa a cambiar su estrategia e invitar a negociar representantes de la principal organización indígena del país, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie).

La Conaie, cuyos levantamientos paralizaron el país varias veces en los últimos 20 años, es una sombra de lo que era por sus divisiones internas, hábilmente explotadas por Correa, pero el éxito de su última movilización le ha devuelto su antigua relevancia política.

El resultado de las conversaciones fue un acuerdo de seis puntos para institucionalizar un diálogo permanente entre representantes de Conaie y el gobierno. Hasta ahora, Correa había ignorado a la oposición e incluso ordenó, en diciembre de 2007, a los militares que arrestasen a los “saboteadores antipatriotas” que estaban detrás de las protestas.

Correa corre el riesgo que sus tácticas conciliadoras tácticas sean interpretadas como un signo de debilidad, lo que podría alentar una mayor radicalización de la Conaie. Pueblos amazónicos como los shuar insisten que la zona de Morona Santiago sea declarada una zona ecológica libre de minería y explotación petrolera.

Por el contrario, en el Perú, el presidente Alan García ha rechazado reunirse con los dirigentes indígenas opuestos a los planes del gobierno para abrir la Amazonía a la explotación minera y petrolera. Recién el pasado 8 de octubre, una comisión especial llegó a Bagua, la provincia donde ocurrieron los choques, para tratar de “determinar las causas y las consecuencias de la violencia”.

Tres de los siete miembros de la comisión son nativos, incluido su presidente, Jesús Manacés, un profesor de etnia aguaruna; tres son representantes del gobierno y uno de los gobiernos regionales. La comisión tiene hasta el 9 de diciembre para elaborar su informe final.

En Chile, la presidenta Michelle Bachelet también se ha visto forzada a dar una serie de pasos para desactivar la tensión en la Araucanía (Región IX), donde un activista mapuche fue muerto por la policía en agosto. Antonio Viera Gallo, el ministro de la Presidencia, ha recibido el encargo de crear un ministerio para asuntos indígenas.

La Conadi, la corporación de desarrollo indígena será además ampliada de 17 a 44 miembros, con representantes de ocho diferentes etnias elegidos por voto popular. Sin embargo, los lonkos, o jefes, de la Alianza Territorial Mapuche denuncian que las medidas del gobierno suponen sólo más burocracia y han prometido que habrá más invasiones de tierras. Una de sus demandas –autonomía política– ha sido enfáticamente descartada por Viera Gallo: “no habrá un autogobierno mapuche”, dijo.

En Brasil, las organizaciones indígenas han comenzado negociaciones para lanzar candidaturas unificadas a fin de obtener una representación sin paralelo en el Congreso, como también en las legislaturas de al menos 19 de los 27 estados del país en las elecciones generales del próximo año.

Actualmente, las etnias nativas brasileñas dependen de la Fundação Nacional do Indio (Funai), una agencia del gobierno, y de organizaciones religiosas para avanzar en sus derechos. Ahora esperan elegir al menos a cinco miembros en el próximo Congreso federal y cuyas candidaturas serán aprobadas en asambleas regionales de caciques. En las últimas elecciones municipales, celebradas en 2008, la táctica de unificar candidaturas les permitió elegir a seis alcaldes y 90 concejeros locales.

Hay alrededor de 700.000 indígenas brasileños, de los cuales 150.000 están en condiciones de votar. Sin embargo, su fragmentación es extrema: las 220 etnias nativas hablan 180 lenguajes diferentes, lo que perjudica su representación política. Hasta ahora, sólo un dirigente indígena, el ya fallecido Mário Juruna, fue elegido para el Congreso, con un mandato en la cámara baja entre 1983- 87 por el Partido Democrático Trabalhista.

Actualmente, varios líderes indígenas son miembros del gobernante Partido dos Trabalhadores (PT). Pero la decisión de la ex ministra de Medioambiente, Marina Silva, de abandonar al PT y unirse al Partido Verde (PV) y su aparición en las encuestas de opinión en cuarto lugar con el 10% de las intenciones de voto, podría hacer que los candidatos indígenas se pasen al PV.

Incluso en Bolivia, muchos pueblos nativos no se sienten representado en el gobierno del presidente aymara Evo Morales. Los yuracarés, mojeños y chimanes, que habitan el parque nacional amazónico Isiboro Sécurem, de 1.096.000 hectáreas, están librado una resistencia a menudo violenta contra los campesinos cocaleros aymaras y quechuas provenientes del Altiplano.

Con la campaña electoral oficialmente en marcha para las elecciones de diciembre, los medios opositores señalan que el conflicto es una evidencia de las divisiones dentro de la tradicional base de apoyo de Morales.

El último episodio de violencia estalló el 26 de septiembre, cuando los yuracarés intentaron desalojar a unos 260 campesinos que habían ingresado al territorio para plantar coca ilegalmente. Pese a que un decreto supremo de 1990 demarca la tierra para ambos lados a través de la llamada “línea roja”, los cocaleros han hecho varias incursiones dentro de los territorios indígenas, provocando la intervención de autoridades regionales y nacionales.

Según un informe de la ONU, el cultivo de coca aumentó en 2008 en Bolivia un 6% y en algunas reservas naturales hasta el 13%. La policía antitráfico de drogas ha destruido 20 plantas de procesamiento de cocaína dentro y en los alrededores de esas áreas protegidas en lo que va de año.

En Panamá, el presidente Ricardo Martinelli está afrontando su primera protesta significativa de grupos indígenas desde que llegó al poder. El pasado 17 de septiembre una marcha organizada por el grupo Movilización Nacional Indígena, Campesina y Popular, que comenzó en Bocas del Toro, cerca de la frontera con Costa Rica, llegó a la capital el 12 de octubre, el día de “la resistencia indígena”.

Los siete pueblos indígenas de Panamá –Ngöbe, Kuna, Embera, Wounaan, Naso, Bribri y Bugle– que conforman cerca del 11% de la población del país de 3,1 millones de habitantes demandan al gobierno que ratifique la convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre los derechos indígenas y frene los proyectos de desarrollo en sus territorios que “violan” sus derechos. Entre esos proyectos está un controvertido proyecto en la provincia de Colón, que será emprendido por Petaquilla-Gold, y el proyecto hidroeléctrico en el Distrito Changuinola, en Bocas del Toro.

Martinelli es radicalmente contrario a la soberanía indígena y a la propiedad colectiva de la tierra, pero ha prometido establecer un ministerio para asuntos indígenas.

El “día de la resistencia indígena” también mostró protestas en Guatemala (donde 42% de la población es indígena, según cifras oficiales, aunque algunos grupos ubican la cifra en más de 60%). Unos 20.000 manifestantes salieron a las calles a lo largo del país, exigiendo se ponga fin a las concesiones mineras, hidroeléctricas y de cemento.

En Colombia, miles de indígenas iniciaron una serie de marchas el 11 de octubre en el suroeste del país para exigir el derecho a sus tierras y protestar contra el gobierno del presidente Álvaro Uribe. Las marchas, que culminaron en Cali, la capital del departamento Valle del Cauca, fueron organizadas por la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), que representa a 1,3 millones de nativos colombianos.

Las marchas coincidieron también con el “día de la resistencia indígena”, el 12 de octubre. Unos 40.000 indígenas podrían haber participado en las marchas, que comenzaron tras una gran reunión, o “minga”, en Santander de Quilichao, en Valle del Cauca.

Los manifestantes indígenas demandan al gobierno que respete su derecho a sus territorios ancestrales y critican la privatización de los recursos naturales y los tratados de libre comercio, denunciando además la violación de sus derechos humanos por el ejército y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

Los indígenas critican que se les acuse de “terroristas” por el hecho de que algunos miembros de sus comunidades sean reclutados a la fuerza por las Farc. El líder de las Farc, Alfonso Cano, envió recientemente una carta a la Onic, pidiendo un proceso de diálogo. Cano admitió que las Farc habían matado a ocho miembros del grupo indígena Awá en febrero porque supuestamente habían colaborado con el ejército. Las muertes de los Awá fue la cuarta masacre de indígenas perpetradas por las Farc en los últimos 10 años.

Foto: Irving Penn (In memoriam)

Luis Esteban G. Manrique 

Comentarios (2)

Oscar Dominguez
23 de Octubre, 2009

En efecto,hemos visto como la poblacion indigena originaria de America ha comenzado a reclamar sus derechos sobre las tierras que heredaron desde hace mas de 500 años,y los gobernantes de turno se han visto en la necesidad de “dialogar” con los lidereres indigenas;pero esta vez no hay intercambio de espejitos por piedras preciosas,no,hoy en dia la poblacion indigena tiene lideres con conocimientos sobre leyes e historia,que ha truncado los intereses de los gobernantes con las trasnacionales de la mineria y energia electrica ;son pocos los gobiernos latinoamericanos (sin entrar en diatrivas politicas) que le han dado la importancia a la poblacion indigena en el marco de la Constitucion Nacional.

FRC
28 de Octubre, 2009

América Latina vive un momento de ebullición sin precedentes. El siglo XXI, la era de la información, y los siglos del reflexión de los pueblos indígenas situarán el contexto social de América en otra dimensión. El reto es saber construir ese futuro sobre la base de un liderazgo compartido. Saber elegir a los representantes que sean capaces de trabajar por un camino de consenso. Gran artículo.

Envíenos su comentario

Política de comentarios

Usted es el único responsable del comentario que realice en esta página. No se permitirán comentarios que contengan ofensas, insultos, ataques a terceros, lenguaje inapropiado o con contenido discriminatorio. Tampoco se permitirán comentarios que no estén relacionados con el tema del artículo. La intención de Prodavinci es promover el diálogo constructivo.